Los peritos están acusados de alterar indicios en el Río San Juan.
Una juez de la Ciudad de México negó un amparo a dos peritos de la extinta Procuraduría General de la República (PGR) acusados de alterar indicios en el Río San Juan, durante las diligencias del caso Ayotzinapa.
Ruby Celia Castellanos Barradas, titular del Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en materia Penal, determinó que el auto de vinculación a proceso dictado contra Mauricio Cerón Solana y Patricia Gómez Ramírez, por el delito contra la administración de justicia, no transgrede ningún derecho de los imputados.
Cerón Solana y Gómez Ramírez tramitaron un amparo en noviembre del año pasado contra el auto de vinculación por un juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, con sede en el Reclusorio Oriente, luego que la Fiscalía General de la República les imputó dicho delito.
Peritos, indagados por caso Ayotzinapa
Sin embargo, la juez resolvió que no existe ninguna causa legal para cancelar el procedimiento, el cual se encuentra apegado a derecho y no transgrede los derechos fundamentales de los ex servidores públicos.
La FGR les imputó el delito contra la administración de justicia, por alterar ilícitamente el lugar de los hechos, perder indebidamente indicio de la conducta delictiva y obstaculizar la investigación del destino de 43 desaparecidos de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, conductas que presuntamente fueron cometidas como cuatores materiales.
Según la acusación de la FGR, el 28 de octubre de 2014, como a las 17: 30 horas, Mauricio Cerón Solana y Patricia Gómez Ramírez, se encontraba en el Río San Juan, Cocula, y por orden del exdirector de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón de Lucio, alteraron el lugar de los hechos, ya que sin mandamiento buscaron y procesaron ocho bolsas plásticas negras que supuestamente contenían restos de los 43 normalistas.
Al margen del afluente removieron sedimentos y lodo hasta localizar una alforja negra, de la que extrajeron, al menos, un resto óseo, que no fue procesado ni analizado, conforme al método científico, para determinar su naturaleza u origen y del que se desconoce su paradero; por tanto, perdieron dicho fragmento.
Ambos peritos fueron comisionados en octubre de 2014, para intervenir en la averiguación previa, iniciada por la entonces Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, para el levantamiento de restos humanos, localizados en una fosa ubicada en “La Parota”, en Iguala, Guerrero, y que era utilizada por el grupo criminal “Guerreros Unidos”.
Y Mauricio Cerón Solana, al encontrarse en “La Parota”, coordinando al grupo de peritos, recibió una llamada telefónica, y después instruyó a diversos expertos para que se trasladaran a la cancha de fútbol en Cocula, Guerrero, cerca del Río San Juan.
Según las diligencias de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa de la FGR, ese día a las 14:40 horas, llegó al lugar Tomás Zerón de Lucio, acompañado de otros servidores públicos de la PGR, que trasladaban de manera ilegal a Agustín García Reyes, quien fue torturado antes y durante su trayecto.
Zerón de Lucio instruyó a Mauricio Cerón Solana para que buscara ocho bolsas en las que aparentemente se encontraban cenizas con restos de los normalistas desaparecidos; se colocaron los trajes de bioseguridad y se introdujeron en la rivera del Río San Juan, realizaron la búsqueda de indicios.
La Fiscalía General de la República acusó que Mauricio Cerón Solana localizó y sujetó, al menos un fragmento óseo que extrajo de una alforja plástica negra, realizó una seña de aprobación con el dedo pulgar de la mano derecha y se lo mostró a Patricia Gómez Ramírez, quien lo examinó.
Cerón Solana colocó la pieza en una bolsa de plástico transparente, de la que se desconoce su paradero; destacando que mientras alteraban el lugar de los hechos, llegó el equipo argentino de antropología forense, a quienes no se les permitió el acceso.
