La Junta Especial Número 10 cometió un acto ilegal al emitir una vez más unproyecto de laudo que hace responsable al Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMSRM) por el pago de aproximadamente 54 millones de dólares correspondientes a la repartición de acciones en el proceso de privatización de la mina de Cananea, ubicada en el estado de Sonora. Este laudo ignora de manera arbitraria el amparo directo (DT 912/2018) concedido al Sindicato Nacional de Mineros en abril de 2021.
Controversia. Al no ser cosa juzgada, dicho proyecto no se puede ejecutar, contrario a lo que han reportado algunos medios de comunicación cuyo fin es desinformar
y dañar la imagen de nuestra organización y de nuestro Presidente y
Secretario General, el Senador Napoleón Gómez Urrutia, quien ha dedicado su trayectoria profesional y política a luchar por mejorar las condiciones de las y los trabajadores.El Sindicato Minero cuestiona las intenciones de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) y de la Secretaría de Trabajo y Prevención Social (STPS) puesto que sus acciones sugieren que buscan anteponer los intereses de Grupo México a las necesidades de las y los mineros de Cananea, Sonora. No es la primera vez que dichas instituciones, motivadas por intereses políticos y corruptos, ignoran el sufrimiento de la clase trabajadora y las resoluciones del Poder Judicial de la Federación. Una vez más, será el Poder Judicial de la Federación quien decida el fondo del asunto, como lo señaló el Presidente de la República AMLO.
