¿Habrá culpables en las muertes en cárceles en Oaxaca?
Oaxaca de Juárez.– Luego de darse a conocer el caso de Abigail H, una joven mujer que apareció muerta en los separos de la cárcel municipal de Salina Cruz, apenas tres horas después de ser detenida por una falta administrativa y cuyo deceso fue catalogado como un suicidio por parte de las autoridades, se dio a conocer un hecho similar en Santa María Huatulco, en la región Costa de Oaxaca.
Los hechos ocurrieron ocho días antes de la muerte de Abigail y la víctima fue identificada como Jaime H. O., quien también falleció mientras estaba resguardado en un centro de detención municipal.
De acuerdo con la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), Jaime H.O. fue detenido el pasado 11 de agosto por elementos de la policía municipal de Santa María Huatulco, también debido a una falta administrativa; sin embargo, falleció horas después debido a un golpe en la cabeza.
Ante estos hechos, el organismo autónomo condenó las muertes de Abigail H.U. y Jaime H.O., ocurridas en centros de detención municipales, e inició los expedientes de queja DDHPO/1271/(21)/OAX/2022 para investigar la actuación de la autoridad municipal de Salina Cruz, así como el expediente DDHPO/072/RC/OAX/2022 por lo ocurrido en Santa María Huatulco.
Para la Defensoría, los espacios de detención de los municipios “son zonas de alto riesgo de violaciones a derechos humanos”, ya que tan solo entre enero de 2020 y hasta lo que va de 2022, la DDHPO ha documentado ocho muertes ocurridas en cárceles municipales o durante la detención de las personas. Mientras que los datos oficiales indican que en ese mismo periodo, la DDHPO ha recibido 474 quejas por abuso policial en toda la entidad.
En el caso de Abigail, quien apareció muerta apenas tres horas más tarde de su detención, familiares han denunciado que la joven de 30 años fue golpeada por los policías municipales, ocasionando su muerte, además agregaron que las autoridades municipales les dijeron que fue un suicidio.
Por estos dos casos ocurridos con una semana de diferencia, la DDHPO requirió a las autoridades municipales de ambas localidades informes sobre lo ocurrido, además de solicitar a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) que investigue ambos casos, en el de Salina Cruz, con perspectiva de género. La DDHPO reiteró que se mantiene vigilante de que las actuaciones se inscriban a los estándares de derechos humanos.
El organismo autónomo ha insistido en la necesidad de que se establezcan mecanismos que permitan atender las causas estructurales que originan este tipo de hechos, puesto que es urgente que se cuenten con mecanismos que garanticen la seguridad e integridad de las personas mientras se encuentran en esos espacios.También ha insistido que “los elementos de los cuerpos de seguridad municipales requieren que se les brinden herramientas jurídicas y técnicas para que puedan desempeñar sus actividades sin violentar derechos humanos o el marco jurídico”. “La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca es respetuosa de las atribuciones legales que tienen las autoridades municipales, así como de los mecanismos de organización de las comunidades que se rigen por sistemas normativos internos; sin embargo, tienen la obligación legal de contar con mecanismos que aseguren la integridad física y psicológica de las personas, además de instalaciones con una infraestructura adecuada para que brinden una atención integral y con pleno respeto a los derechos humanos”, informó.
