Señalan que se cometió un acto ilegal en la privatización de mina.
El Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMSRM) denunció que la Junta Especial Número 10 cometió un acto ilegal al emitir una vez más un proyecto de laudo que lo hace responsable por el pago de aproximadamente 54 millones de dólares, correspondientes a la repartición de acciones en el proceso de privatización de la mina de Cananea, en Sonora.
El Sindicato Minero argumentó que este laudo ignora de manera arbitraria el amparo directo que le fue concedido en abril de 2021. “Al no ser cosa juzgada, dicho proyecto no se puede ejecutar, contrario a lo que han reportado algunos medios de comunicación cuyo fin es desinformar y dañar la imagen de nuestra organización y de nuestro Presidente y Secretario General, el Senador Napoleón Gómez Urrutia, quien ha dedicado su trayectoria profesional y política a luchar por mejorar las condiciones de las y los trabajadores”, puntualizó.
El SNTMMSRM cuestionó las intenciones de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) y de la Secretaría de Trabajo y Prevención Social (STPS), puesto que sus acciones sugieren que buscan anteponer los intereses de Grupo México a las necesidades de los mineros de Cananea, Sonora. “No es la primera vez que dichas instituciones, motivadas por intereses políticos y corruptos, ignoran el sufrimiento de la clase trabajadora y las resoluciones del Poder Judicial de la Federación”, subrayó. Por ello, hizo un llamado a estas instituciones a rectificar, puesto que ambas tienen conocimiento de que la participación accionaria en cuestión, equivalente al 5% del total, corresponde únicamente al Sindicato Minero.
