El Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero y la sociedad civil organizada entregaron a la Legislatura mexiquense el informe sobre situación carcelaria en el Estado de México: violaciones a los derechos humanos de los internos, familiares y visitas, familiares de los presos subrayaron que persisten la tortura, corrupción, además de extorsiones al interior de los 22 centros penitenciarios mexiquenses.
Entre otros delitos, Fabiola Vite Torres, Coordinadora del CDH Zeferino Ladrillero, detalló que identificaron sobrepoblación, violación permanente a derechos humanos, fabricación de delitos con carpetas de investigación, imputaciones falsas, violaciones al debido proceso, extorsiones, cobros para poder ingresar al penal y por usar una mesa durante la visita familiar.
Indicaron que de acuerdo al índice Nacional de Monitoreo de Derechos Humanos de las Personas Privadas de Libertad (INDHPOL) la entidad, con un índice de 0.63, tiene "las peores condiciones carcelarias a nivel nacional". De las ocho dimensiones que considera este índice, que son: tortura y malos tratos, Condiciones dignas, Corrupción, Hacinamiento, Gobernabilidad, Derechos Humanos, Financiamiento y Personal, solo en las dos últimas la entidad presenta índices comparativamente favorables.
Respecto a las condiciones de habitabilidad en los penales estatales, hay un promedio de 32 reclusos por celda. Es decir, se encuentra un excedente de 24 reclusos por sobre la cantidad que debería tener cada una de ellas, por lo tanto existe una sobrepoblación del 300% en cada celda.
Según el INDHPOL, las cárceles Mexiquenses son las que tienen un mayor índice de hacinamiento de todo el país, con el marcaje más alto de la escala. El 30.5% de los encuestados dijo que su familia no cuenta con una cama en la celda, el 66% si la tiene, el resto no sabe. El 89% confirmó que su familiar no ha tenido acceso a un sitio donde dormir hasta por 19 meses y el 71% no tiene acceso a agua potable.
Además el 88% no ha tenido acceso a la alimentación; el 93% señala que para poder realizar sus llamadas tienen que comprar tarjetas telefónicas dentro del penal.
De acuerdo con el informe, la situación es adversa para los PPL y familiares, la cual se suma a que aproximadamente 40% de la población penitenciaria mexiquense no ha sido sentenciada pese a que sus procesos jurídicos se han prolongado por dos o más años.
Además que el 84.7% no tiene atención médica oportuna; 72.9% experimento prácticas de abuso de autoridad; 86.4% pago para ingresar alimentos a su PPL.
