Los últimos seis años 2018 fue en el que registró un mayor número de quejas por este motivo
Juxtlahuaca.– Del total de quejas por la falta de intérpretes y traductores de lenguas indígenas que la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) ha recibido, la mitad se han abierto en contra del Tribunal Superior de Justicia del estado (TSJO).
De acuerdo con un registro de la DDHPO obtenido por EL UNIVERSAL, desde 2017 a mayo de 2022, el organismo autónomo ha iniciado 18 expedientes de quejas afines a la falta de intérpretes y traductores en lenguas indígenas, en el marco de procesos jurisdiccionales contra personas indígenas, de los cuales nueve competen al TSJO.
Esto pese a que la institución tiene en su padrón a intérpretes que no están en nómina, señala el Centro Profesional Indígena de Asesoría, Defensa y Traducción, A. C. (Cepiadet).
Además de estas quejas por la falta de personas que faciliten la comunicación con indiciados hablantes de una lengua indígena, el tribunal también cuenta con un cuaderno de antecedentes con fechas anteriores al periodo documentado.
Entre las instituciones más señaladas por falta de intérpretes, después del TSJO, están la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), la Secretaría de Seguridad Pública (SSPO) y la delegación del Instituto Nacional de Migración (INM).
Los derechos más vulnerados por la falta de intérpretes o traductores, según la DDHPO, son al debido proceso, garantías judiciales, a la igualdad, derechos de niñas, niños y adolescentes, a la legalidad, derechos de las personas privadas de la libertad y a la seguridad jurídica.
Según el reporte de la DDHPO, de los últimos seis años 2018 fue en el que registró un mayor número de quejas por este motivo, con cinco, mientras que en 2019 fueron cuatro y en 2020, tres.
Una violación a derechos humanos
En la entidad oaxaqueña existen mil 232 personas que se reconocen como indígenas bajo un proceso judicial, de acuerdo con el Cepiadet; 51 de ellas, detalla, son mujeres.
En tanto que de acuerdo con un informe elaborado por la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca (SSPO) y entregado al Centro Profesional Indígena, del total de personas procesadas que se reconocen como parte de un pueblo indígena y hablantes de su lengua, 679 permanecían sin sentencia hasta agosto de 2021, por falta de intérpretes. Esta cifra contrasta con el reducido número de quejas, 18, presentadas ante la DDHPO por este motivo.
En entrevista con este medio, Flavio Vásquez, coordinador de intérpretes y traductores en lenguas indígenas del Cepiadet, señala que la falta de intérpretes y traductores es una violación a los derechos humanos de las personas indígenas y con ellos, el de los pueblos.
El coordinador expone que no hay un padrón oficial de intérpretes ni de traductores en Oaxaca y son organizaciones sociales y organismos como la defensoría estatal los que cuentan con un registro.
Mientras la DDHPO cuenta unos 130 intérpretes o traductores en el sistema judicial, organizaciones como Cepiadet contabilizan hasta 180.
Al respecto, Flavio Vásquez afirma que sí “hay intérpretes, pero no hay presupuesto”, pues destaca que quienes hacen esta labor reciben un salario “raquítico”; como ejemplo, el coordinador señala el caso del Poder Judicial, en donde cobran 400 pesos por audiencia.
Pese a las fallas del sistema judicial del estado en este tema, organizaciones como Cepiadet en Oaxaca, Diálogo y Movimiento A.C. (Dimo) y Así Legal, por ejemplo, quienes sacan adelante esta tarea para atender a personas procesadas hablantes de una lengua indígena.
Letras muertas
Las quejas iniciadas por defensoría abarcan precisamente este 2022, año que la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) incluyó en el período entre 2022 y 2032 y que proclamó como el Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas del Mundo.
Esta declaratoria tiene “el fin de llamar la atención del mundo sobre la difícil situación de muchas lenguas indígenas y movilizar a las partes interesadas y los recursos para su preservación, revitalización y promoción”.
Para las personas indígenas el tema de hablar su lengua sigue siendo complejo, ante la falta de garantías para sus derechos, el no contar con intérpretes o que no hay políticas públicas que avalen la labor de intérpretes.
Esto “aunque el trabajo que hacen los intérpretes es fundamental en un proceso judicial para garantizar los derechos de los pueblos indígenas.“Esto pese a los diversos acuerdos y tratados internacionales que ha firmado México, además del artículo segundo constitucional que garantiza la autonomía y libre determinación de los pueblos indígenas... son letras muertas”, dice Vásquez.
