Se ha convertido en lo más común asignar de forma directa la obras y contratos olivdando la transparencia.
El gobierno del presidente, Andrés Manuel López Obrador, abusa de las figuras de adjudicación directa y recurre al concepto de “otros contratos” para sacar el ejercicio del gasto en insumos, servicios y ejecución de obra pública, del alcance de las auditorías y las solicitudes de acceso a la información vía Plataforma Nacional de Transparencia.
En materia de compras de gobierno, la transformación no ha llegado a México: continúa el abuso de figuras como la adjudicación directa, la asignación de contratos mediante criterios políticos y ha aparecido la figura de “otros contratos”, a través de la cual se saca del alcance de las auditorías, del acceso a la información y del radar del escrutinio público, el gasto en insumos, servicios y ejecución de obra pública, plantearon expertos en estos temas.
Pandemia. Además, señalaron que se abusa de la declaratoria de emergencia para contener la pandemia de la Covid-19, con el fin de evitar las licitaciones públicas, e, invocando “motivos de seguridad nacional”, se reserva información sobre obra pública, con lo cual el presupuesto se invierte con total opacidad.En la página 13 del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, se establece el propósito del gobierno de la llamada Cuarta Transformación de “prohibir las adjudicaciones directas”.Además, en octubre de 2020, la entonces secretaría de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros aseguró desde la tribuna de la Cámara de Diputados que la intención del gobierno federal era reducir la asignación directa de contratos a 20 por ciento. Esa promesa está lejos de cumplirse. No solo no se redujo el porcentaje de contratos que se adjudican mediante esa modalidad, sino que aumentó.
De acuerdo con un análisis realizado por la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), a partir de los reportes de la plataforma Compranet, en 2021, se adjudicaron por la vía de la adjudicación directa 126,766.
