Seguirán con la investigación no solo de las tres personas en prisión, sino de los que pudieran haber participado
CIUDAD DE MÉXICO.- La Fiscalía General de Justicia (FGJ) iniciará una carpeta de investigación en contra de los exprocuradores Rodolfo Ríos Garza y Edmundo Garrido, así como otros servidores públicos y agentes de investigación, quienes destruyeron y ocultaron evidencias por el multihomicidio de la Narvarte ocurrido en 2015.
Así lo señalaron abogados de las víctimas, quienes a su salida de una reunión con la fiscal, Ernestina Godoy, en el Bunker de la FGJ, comentaron que se abrirán nuevas carpetas de investigación en contra de servidores públicos.
"Se comprometió a revisar las denuncias que se han presentado, y eventualmente a integran nuevas carpetas de investigación contra servidores públicos, incluyendo a exprocuradores, y exprocuradores que participaron en la investigación y que durante estos siete años, antes de esta administración, impidieron que se avanzara de fondo en las investigaciones y que se esclareciera el asunto", dijo el litigante David Peña.
Aseguró que no hay un número fijo de servidores públicos, pero entre ellos se encuentran desde peritos, policías de investigación, Ministerios Públicos, Procuradores, fiscales, y Subprocuradores que participaron en todos los tramos de la investigación de la capeta.
"Esperemos que en las próximas semanas o en los próximos meses podamos avanzar sobre la responsabilidad de estos servidores, incluyen a Rodolfo Ríos, al subprocurador Garrido, que también fue procurador, Marco Reyes (exfiscal central de Investigación para la Atención del Delito de Homicidio)", dijo.
Y es que estos servidores desaparecieron videos, ocultaron otros materiales videográficos durante años para "que no pudiéramos verlos", y quemaron evidencia, como la ropa de las víctimas.
La madre de Yesenia Quiroz, una de las víctimas, dijo que para que pudieran quemar la ropa de las víctimas, les hicieron firmar un documento, al día siguiente de los hechos, cuando ellos estaban vulnerables."Nos hicieron firmar un documento que autorizábamos que se desechara esa ropa, exactamente cuando fuimos a reconocer los cuerpos, y cuando estábamos vulnerables", comentó.
Héctor Pérez, abogado de las víctimas, dijo que "hemos señalado en muchas ocasiones que la dinámica del caso corresponde a una ejecución, cuando se da ese tipo de dinámica sabemos que no solamente es responsabilidad de dos personas, la fiscalía durante toda la administración anterior sostuvo la hipótesis de que solo había tres participantes y que el móvil era irrelevante".
Sobre la carpeta de investigación por trata de personas, dijo que se reconoció a todas las víctimas y que se va a perseguir este delito, con la investigación no solo de las tres personas en prisión, sino de los que pudieran haber participado.
