Los partidos deberán adecuar sus documentos básicos a más tardar el 31 de octubre del presente año.
El Consejero General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó criterios con la finalidad de que los partidos políticos nacionales garanticen la paridad sustantiva y postulen al menos a una mujer en las candidaturas de gubernaturas para las elecciones de Coahuila y Estado de México en 2023.
En sesión extraordinaria, la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación, Norma De la Cruz Magaña, explicó que en acatamiento a una sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se ordena a los partidos políticos nacionales adecuar sus documentos básicos a más tardar el 31 de octubre del presente año para garantizar la paridad sustantiva en la postulación de candidaturas a la gubernatura de los Procesos Electorales Locales en el 2023 en el Estado de México y en Coahuila.
“Los procesos de selección de candidaturas deben establecer reglas claras como una publicidad oportuna en todas y cada una de las etapas del proceso y cumplir con la debida notificación a quienes aspiran a obtener una candidatura y postular al menos a una mujer en alguna de las dos entidades”, dijo.
Detalló que todos los partidos políticos deberán informar al INE su método de selección de candidaturas, al menos con 30 días de anticipación al inicio de su proceso de selección de candidaturas a gubernaturas.
“La postulación paritaria es insuficiente para lograr que el principio de paridad trascienda a la integración, razón por la cual es necesario establecer reglas adicionales para conseguirla”, estableció la consejera Carla Humphrey Jordan.
Propuso que ante la eventualidad de que no se logren reformar los documentos básicos de los partidos políticos antes del 31 de octubre, estos tengan la posibilidad de establecer reglas de competitividad a través de lineamientos o un reglamento aprobado por los órganos intrapartidarios competentes, los cuales deberán ser sometidos a la aprobación del Consejo General antes del 31 de octubre próximo, lo que fue aprobado por siete votos a favor y cuatro en contra.
Se trata, agregó la consejera Dania Ravel Cuevas, del establecimiento de garantías para lograr la plena y efectiva igualdad de género en las postulaciones a los cargos de elección popular, particularmente en aquellos en los que más se ha excluido a las mujeres, que son las gubernaturas.
La consejera propuso una modificación para que se mencionara que “…considerando que sólo se renovará la gubernatura en dos entidades federativas, los partidos políticos deberán postular al menos a una mujer en la entidad en la que sean competitivos…”, pero la propuesta no alcanzó el respaldo de la mayoría.
En contra de dicha propuesta, el consejero Jaime Rivera Velázquez señaló que “si se quisieran aplicar bloques de competitividad en sólo dos estados, con la regla de mayor competitividad y basado en las votaciones anteriores, para asignarlo a candidatas mujeres tendríamos una elección dicotómica mayor donde el partido o la coalición tenga en el pasado más votos y menos en el otro. Es decir, uno sería declarado competitivo y el otro estado no competitivo”.
El consejero Uuc-kib Espadas Ancona secundó al consejero Rivera y precisó que los rangos de competitividad se pueden establecer cuando la cantidad de plazas en disputa es suficiente para que esas decisiones no sean determinantes de soluciones particulares en plazas determinadas.
“La democracia incluye necesariamente el derecho de la ciudadanía a equivocarse y la democracia impone el derecho de las mujeres a elegir qué precandidatura apoyan sea de hombre o mujer y esta autoridad no es quién para decirle a las mujeres de estados específicos cuál debe ser el sexo del candidato de su partido o de su coalición”, estableció.
Una vez que los partidos definan sus criterios de competitividad, lo tendrán que informar a la autoridad electoral, “sí nos van a tener que informar dónde van a postular a una mujer o a un hombre, o a dos mujeres si es lo que quisieran hacer, que, obviamente, eso es un sueño, sería lo ideal”.
La competitividad tiene poco margen de interpretación, abundó el consejero Ciro Murayama Rendón al respaldar la propuesta de eliminar esta parte del proyecto, ya que al aplicarlo se estaría incidiendo en la postulación de las distintas fuerzas políticas, “lo cual sería excesivo que esta autoridad incline una decisión de alguna de las fuerzas política o coaliciones”.
