Se exigió que se libere a manifestantes detenidos que no hayan participado en la violencia.
Nueva York.- La ONG Human Rights Watch (HRW) exigió este viernes al presidente kazajo, Kasim-Yomart Tokáyev, que anule de manera inmediata la orden de que las fuerzas de seguridad "disparen a matar" y sin previo aviso contra los manifestantes que desde hace varios días protagonizan importantes disturbios en el país.
Según HRW, esa instrucción viola las obligaciones internacionales de Kazajistán y la Policía y el Ejército deben hacer todo lo posible para proteger vidas, usando la fuerza letal únicamente como último recurso."Kazajistán está en medio de la crisis más violenta desde su independencia y el mundo está mirando para ver si el Gobierno muestra que respeta los derechos humanos básicos de sus ciudadanos", señaló en un comunicado Letta Tayler, directora adjunta de Crisis y Conflictos de la organización.
Según Tayler, "es crucial que las autoridades kazajas aseguren que todas las fuerzas de seguridad sobre el terreno actúan con vistas a proteger vidas humanas y que rindan cuentas si no lo hacen"."Esto empieza con la cancelación inmediata de la orden de 'disparar a matar sin previo aviso'", insistió.
Tokáyev, en un discurso a la nación, aseguró hoy haber dado esa orden a los agentes, refiriéndose a los manifestantes como "bandidos armados" y "terroristas".
El presidente kazajo acusa a medios y a políticos extranjeros de haber instigado las protestas que comenzaron tras el anuncio de una fuerte subida del precio del gas licuado para vehículos.
Al menos 26 manifestantes y 18 agentes de seguridad han muerto y cientos han resultado heridos en los disturbios y enfrentamientos, mientras que miles de personas han sido detenidas.
HRW dijo que imágenes de video que ha revisado muestran a las fuerzas de seguridad disparando con balas y a personas en atuendo civil aparentemente muertas como resultado de disparos.
La organización recalcó que el Gobierno kazajo debe asegurar que tanto sus fuerzas como las de los países de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva (OTSC) que se han desplegado en su territorio cumplen con las normas internacionales sobre uso de la fuerza.
También exigió que se libere a manifestantes detenidos que no hayan participado en la violencia y que se abandonen "cargos arbitrarios de terrorismo" contra ellos.
