Hay 18 de las 32 entidades que a más de un año de entrar en vigor la reforma constitucional sobre revocación de mandato, se mantienen sin armonizar sus respectivas constituciones locales en esta materia, reveló el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República. La investigación “Implementación de la revocación de mandato en México”, subrayó que la reforma constitucional no solo estableció la revocación del mandato para el Presidente de la República, sino también para los gobernadores y la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.
Este análisis efectuado por las investigadoras Perla Carolina Gris Legorreta y Susana Ramírez Hernández, señala que la revocación de mandato constituye, sin duda, un gran avance en el reconocimiento de derechos humanos en materia política, de control político de la ciudadanía sobre los gobernantes y rendición de cuentas a partir de su desempeño. Remarca la necesidad de contar con medidas ciudadanas e institucionales sólidas para vigilar que la revocación de mandato sea utilizada para sus propósitos democráticos y así reducir los riesgos de un mal uso o que este mecanismo se distorsione para ser utilizado con otros fines políticos. Las investigadoras señalan que la revocación de mandato constituye, sin duda, un gran avance en el reconocimiento de derechos humanos.
