La medida cautelar otorgada al panista es para que el exmandatario no sea privado de su libertad hasta en tanto se resuelva lo que proceda en la suspensión definitiva.
El exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, obtuvo una suspensión provisional en el juicio de amparo que interpuso contra la orden de aprehensión girada en su contra en la primera semana de octubre por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
La medida cautelar otorgada al panista es para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan, y para que el exmandatario, considerado prófugo de la justicia mexicana, no sea privado de su libertad hasta en tanto se resuelva lo que proceda en la suspensión definitiva.
Además de que para el efecto de que si el delito por el que se libró la aprehensión reclamada no requiere prisión preventiva oficiosa.
En caso de que los delitos de lo que se le acusan requieran prisión preventiva oficiosa, el juzgador también le concedió la suspensión provisional solicitada para el único efecto de que quede disposición de este juzgado de Distrito en el lugar en que sea recluido, en cuanto a su libertad personal se refiere.
García Cabeza de Vaca deberá exhibir una garantía de 50 mil pesos en un plazo de cinco días, contados a partir del día siguiente a la notificación, para que no deje tener efecto la suspensión provisional otorgada.
El juez de amparo programó para el 20 de octubre la audiencia incidental en la que resolverá si otorga la suspensión definitiva contra los actos reclamados.
Días antes de dejar la gubernatura, el panista Francisco Javier García Cabeza de Vaca huyó de territorio mexicano.
Por lo que, la Fiscalía General de la República inició los trámites ante la Policía Internacional (Interpol) para la emisión de la ficha roja para la búsqueda y localización del exmandatario tamaulipeco en más de 120 países.
Un juez de control del Estado de México giró la orden de aprehensión contra García Cabeza de Vaca por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
