Fiscalía de Perú confirma investigación a Castillo pero tras fin de mandato
La apertura de la investigación fue notificada al abogado de Castillo por parte de la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos.
Lima,- La Fiscalía de la Nación confirmo este martes una investigación preliminar contra el presidente de Perú, Pedro Castillo, por presunto tráfico de influencias, colusión y patrocinio ilegal, que quedará suspendida por la inmunidad de la que goza el jefe de Estado.
Las diligencias contra Castillo no podrán comenzar hasta que concluya su mandato, advirtió la Fiscalía en un comunicado donde destacó que es la segunda vez en la historia del Ministerio Público que se le abre una investigación preliminar a un presidente durante el ejercicio de sus funciones.
El anterior precedente se remonta a octubre de 2020, cuando la Fiscalía también abrió un expediente contra el entonces presidente Martín Vizcarra (2018-2020) por presunta corrupción, que derivó posteriormente en una denuncia constitucional, una vez que el mandatario fue destituido por el Congreso.
En el caso de Castillo, el actual gobernante ha sido imputado por presuntamente haber influido en las licitaciones para la construcción de un puente y para la adquisición de combustible para la petrolera estatal Petroperú y por haber presionado para que ascendieran irregularmente a militares de su círculo cercano.
La apertura de la investigación fue notificada al abogado de Castillo por parte de la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, la única autoridad autorizada a investigar al presidente, y se produce después de que la Fiscalía interrogara la pasada semana al mandatario por más de cinco horas en el Palacio de Gobierno de Lima.
En el primer episodio, Castillo mantuvo supuestamente reuniones con la empresaria Karelim López, para que el jefe de Estado presuntamente intercediera a favor del consorcio Puente Tarata III, que se adjudicó la construcción de un puente en la selva central.
Seguidamente, el gobernante también se reunió con el empresario Samir Abudayeh y con el presidente de Petroperú, Hugo Chávez, días antes de que la compañía del primero ganara un contrato para vender 280.000 barriles de biodiésel a la empresa estatal por 74 millones de dólares.
Al mismo tiempo, los ex comandantes generales del Ejército, José Vizcarra, y de la Fuerza Aérea, Jorge Chaparro denunciaron que fueron destituidos por Castillo por negarse a ascender irregularmente a militares allegados al presidente, como se les demandaba desde el Palacio de Gobierno.
Por estos casos, el procurador general (Abogacía General del Estado), Daniel Soria, ya había denunciado a Castillo ante la Fiscalía por los delitos de patrocinio ilegal y tráfico de influencias, en una demanda basada en las presuntas reuniones del mandatario con Karelim López.
Al menos uno de esos aparentes encuentros se produjo fuera del Palacio de Gobierno de Lima y se hizo sin registro oficial, como demostró un reportaje periodístico del programa dominical Cuarto Poder, que captó a López y a Castillo, de forma separada, entrar en un mismo inmueble del distrito limeño de Breña.
Días después de ese supuesto encuentro, el consorcio Puente Tarata III que ella representaba ganó la licitación con un contrato de 232,5 millones de soles (57,6 millones de dólares) gracias a una oferta 27 céntimos de sol (0,06 dólares), más baja que la siguiente mejor calificada.
Soria señaló en su denuncia que existen sospechas de que el presidente peruano "también se encontraría inmerso en la conducta de tráfico de influencias" que investiga el Segundo Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa de Lima.
En ese caso está investigado el ex secretario general de Palacio de Gobierno Bruno Pacheco, a quien la Fiscalía incautó 20.000 dólares escondidos en su oficina, por las presuntas presiones ejercidas a los comandantes generales del Ejército y la Fuerza Aérea.
Sobre estas acusaciones, Castillo, que a inicios de diciembre se salvó de perder el cargo al no prosperar en el Congreso una moción para destituirlo, ha manifestado su inocencia y se ha mostrado abierto a las investigaciones, al punto de pedir que se le levante su secreto bancario, tributario y de comunicaciones.
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