Son casos en todo el estado y no solo en contra los municipios, sino también contra entes u organismos descentralizados.
El fiscal general de Coahuila, Gerardo Márquez Guevara, informó que en diciembre fueron presentadas más de 50 denuncias en contra de distintas autoridades municipales, principalmente por los delitos de peculado y uso indebido de funciones.
Dijo que son casos en todo el estado y no solo en contra los municipios, sino también contra entes u organismos descentralizados como los sistemas de agua.
Explicó que se trata de casos que no cubrieron las observaciones por la Auditoría Superior del Estado (ASE) y que por consecuencia fueron generadas las denuncias penales.
Márquez Guevara dijo que se trata en conjunto, de montos millonarios por los probables daños a los erarios municipales.
Según el Informe de Seguimiento a los Resultados de Fiscalización Superior de la ASE, se interpusieron cuatro denuncias penales ante la Fiscalía Anticorrupción contra los municipios de Sierra Mojada, Viesca, Zaragoza y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación sección 5, por irregularidades no solventadas en la cuenta pública 2018. Por esas denuncias, el monto de posible quebranto suma 10 millones de pesos.
De las cuentas públicas del 2019, la ASE presentó siete denuncias por presuntas irregularidades y presuntos desfalcos en los municipios de Francisco I. Madero, Matamoros, Viesca, San Pedro, Sierra Mojada y Zaragoza, que en conjunto suman montos superiores a los 87 millones de pesos.
Estas denuncias se sumarían a las 50 que según el fiscal se presentaron en diciembre pasado. Aunque no precisó en qué años ocurrió la falta de cumplimiento a las observaciones de la Auditoría, comentó que se trata de casos de las administraciones salientes.
El 31 de diciembre pasado, 38 alcaldes y alcaldesas de Coahuila concluyeron su periodo de tres años de gestión.
A la par de estos casos, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en 2021 se abrieron 618 carpetas por presuntos delitos cometidos por servidores públicos, 9 por ciento más que las registradas en 2020.
