La "caída" de Rivas se dio en medio de la crisis sociopolítica que estalló en abril de 2018, que dejó 328 muertos.
Managua.- El expresidente del Consejo Supremo Electoral (CSE) de Nicaragua Roberto Rivas Reyes, quien fue sancionado por Estados Unidos por corrupción y violación de derechos humanos, falleció este domingo a los 67 años tras convalecer de una enfermedad.
Rivas, un aliado del Gobierno del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, murió en el hospital privado "Vivian Pellas", en Managua, en donde permaneció internado cuatro meses a causa de complicaciones respiratorias, informaron sus familiares.
En la misa dominical en la Catedral de Managua se pidió una oración por el descanso eterno de Rivas.
El expresidente del poder Electoral nicaragüense fue sancionado en 2018 por Estados Unidos en virtud de la llamada "Ley Global Magnitsky sobre Responsabilidad de Derechos Humanos", que autoriza al presidente de EU a bloquear o revocar visados de ciertos ciudadanos extranjeros e imponer sanciones contra ellos.
Las autoridades estadounidenses acusaron a Rivas de corrupción y "fraude electoral" en su país.
Según el Tesoro estadounidense, el jefe del CSE, que cobraba un salario de 60,000 dólares al año, había sido acusado en la prensa nicaragüense de "amasar una gran fortuna personal, incluidas múltiples propiedades, jets privados, vehículos de lujo y un yate".
El 5 de junio de 2018, la Asamblea Nacional de Nicaragua, de mayoría sandinista, aceptó la renuncia al cargo de presidente del CSE a Rivas, quien era el rostro más visible de las acusaciones de fraude y corrupción contra el Gobierno nicaragüense.
La oposición nicaragüense lo acusó de beneficiar al Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) en cada proceso electoral desde 2008, y diversas investigaciones periodísticas lo señalaron por tener una vida supuestamente opulenta que no correspondía con su salario.
La "caída" de Rivas se dio en medio de la crisis sociopolítica que estalló en abril de 2018, que dejó 328 muertos, más de un millar de heridos, cientos de detenidos, y decenas de miles en el exilio, por protestas contra Ortega, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
