En octubre de 2020, fue citado a declarar como posible cómplice en delitos de cohecho y malversación en el conocido como "operación Kitchen".
Madrid.- Enrique Olivares García, uno de los condenados en relación a la trama de espionaje parapolicial que involucra a altos cargos del conservador Partido Popular (PP) español, entre ellos el expresidente del Gobierno español, Mariano Rajoy (2011 y 2018), falleció este sábado a los 72 años, confirmaron hoy fuentes de su entorno.
Olivares García cumplía condena por asaltar la vivienda del extesorero del PP Luis Bárcenas, condenado por corrupción, haciéndose pasar por un sacerdote para sustraer de allí documentación que comprometería a nombres importantes de la formación en la financiación irregular del mismo.
El fallecido disfrutaba del tercer grado penitenciario, por lo que podía pernoctar en su domicilio siempre que aceptara que sus movimientos fueran controlados mediante dispositivos telemáticos.
En 2014, Olivares García fue sentenciado a 22 años de prisión por retener un año antes a la familia de Bárcenas en su casa, atarles las manos y amenazarles para que entregaran toda la información relativa a la financiación irregular del partido con la que el extesorero del PP amenazaba con "acabar con el Gobierno de la nación".
Para entrar al domicilio se hizo pasar por un sacerdote enviado por el Obispado para hablar sobre la libertad de Bárcenas, quien se encontraba en esos momentos en prisión preventiva.
En octubre de 2020, fue citado a declarar como posible cómplice en delitos de cohecho y malversación en el conocido como "operación Kitchen", la pieza judicial que investiga una supuesta operación de espionaje auspiciada desde el Ministerio español del Interior, aunque finalmente el interrogatorio se suspendió por motivos de salud.
La "operación Kitchen" forma parte de una serie de causas relacionadas con presuntos actos de corrupción llevados a cabo por el Partido Popular cuando Rajoy era presidente del Gobierno, algunas de las cuales ya han sido sentenciadas.
En concreto, en 2018, el Tribunal Supremo consideró probada la financiación ilegal de esa formación en una sentencia que dio pie a la moción de censura que llevó al inicio de la presidencia del socialista Pedro Sánchez.
