Cinco víctimas del también diputado local dieron a conocer que establecieron denuncias ante el Ministerio Público en su contra
TOLUCA.- Docentes adscritas al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y Militantes del partido Nueva Alianza exigieron la destitución Rigoberto Vargas Cervantes de la dirigencia de la sección 36, pues denunciaron que hay 10 carpetas de investigación en su contra por los delitos de hostigamiento y acoso sexual, además de violencia Institucional.
En conferencia de prensa, cinco víctimas del también diputado local dieron a conocer que establecieron denuncias ante el Ministerio Público en su contra y de otros integrantes de su equipo, de las que cinco están por ser judicializadas en la primera semana de septiembre.
Las docentes y administrativas agregaron que conformaron el Colectivo 15 de febrero - Mujeres 36 y, reconocieron que son militantes del partido Nueva Alianza, de dónde también fue removido Vargas Cervantes como coordinador de los diputados en la 61 Legislatura Local, pero que el Tribunal Electoral del Estado de México (TEEM) recientemente ordenó reinstalarlo en su cargo.
Elizabeth Delgado Román, una de las víctimas, indicó que es coordinadora del sector geopolítico sindical número siete de la región número 5 de Ecatepec del SNTE, denunció que la violencia en contra de las mujeres en México sigue creciendo en sus diferentes tipos, entre ellas la laboral e institucional, que se debe erradicar como lo refiere la Ley de Acceso de las mujeres a una vida libre de violencia en la entidad.
Sin embargo, señaló, profesionistas trabajadoras de la educación son víctimas de violencia por parte de los titulares de la sección 36 del SNTE, mujeres a quienes les han violentado sus derechos, pertenecientes al personal docente y de apoyo a la educación.
"Hacemos un llamado a las autoridades para que se ponga un alto a las vejaciones y los distintos tipos de violencia contra ellas en el ámbito educativo, laboral y social. Nos levantamos con fuerza, valentía y valor para referir las acciones de violencia por parte de autoridades educativas, en específico de Rigoberto Vargas Cervantes y su equipo, así como personal con características de jerarquía, poder y mando", reprochó.
Explicó que desde marzo de este año iniciaron las protestas para dar a conocer los actos de los que fueron víctima y que han escalado, pues pasaron de un hostigamiento laboral hasta enviarla a una región a dos horas de distancia de su casa.
La abogada Eugenia Peñaloza indicó que tres de cinco víctimas que han denunciado fueron provistas de un botón de pánico y que cinco de ellas cuentan con medidas de protección por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.
"Este colectivo integrado por varias mujeres ha sufrido desde hace tiempo actos violentos y me parece que esta conferencia debe servir para sensibilizar sobre lo que están enfrentando", agregó. Dijo que a las víctimas las ha respaldado la Fiscalía, la Comisión de Atención a Víctimas del Delito, la Secretaría de la Mujer, la diputada Karina Labastida, presidenta de la comisión de Violencia de género, y reitero que desde el 15 de febrero acudieron a la Legislatura, cuando fueron atendidas por diversos grupos parlamentarios e instancias gubernamentales.
Añadió que también fueron recibidas por el Poder Judicial estatal, a través de la Unidad de Equidad de Género, la Unidad de Acoso y Hostigamiento Sexual, la Procuraduría de la Defensa del Trabajo.
"Lo que pedimos es que se sustituya de forma inmediata a Rigoberto Vargas, no se puede solapar a un dirigente que debería protegerlas y más aún que siendo diputado, violente la ley de esta forma", puntualizó.
Añadió que no se puede tener a un legislador que violente a una sola mujer, por lo que llamó a la sociedad a levantarse.
Sobre las denuncias el representante legal indicó que suman 10, de las que cinco serán judicializadas la primera semana de septiembre, agregó que las mujeres trabajadoras de la educación sección 36, solicitaron asesoría jurídica al ser violentadas en lo laboral, acosadas sexualmente, por la autoridad administrativa que es el SEIEM y víctimas de esa violencia institucional, que es un delito y que la autoridad administrativa por órdenes del sindicato es atendida.
