Senadoras y diputadas federales del PAN y PRD presentarán una denuncia penal contra la presidenta municipal de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, Mary Hernández, por la presunta comisión de delitos electorales y coacción al voto.
Lo anterior luego de dar a conocer un audio donde presuntamente se escucha a la alcaldesa de Morena, hablar sobre obras y programas sociales del Gobierno Federal durante una reunión celebrada el 30 de abril pasado con comisarios y autoridades ejidales de Felipe Carrillo Puerto.
"Es una pena la acción, la desesperación y la forma descarada en la que actúan los de enfrente" demandó Laura Fernández, diputada perredista con licencia y candidata a la gubernatura de Quintana Roo.
Agregó "Lo que vemos es que los de enfrente están cocinando, tienen en su caldero ingredientes que no huelen bien y lo estamos manifestando de manera anticipada, previendo cualquier acción".
Por su parte, Xóchitl Gálvez, integrante de la Comisión Anticorrupción consideró "penosa" la actuación de algunas presidentas municipales.
"Es una pena la acción, la desesperación y la forma descarada en la que actúan los de enfrente" demandó Laura Fernández, diputada perredista con licencia y candidata a la gubernatura de Quintana Roo.
Será mañana miércoles cuando se presente ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FISEL) en la Ciudad de México, la denuncia penal por al tratarse de delitos federales.
"Se trata de delitos electorales federales y tenemos la evidencia pública, lo que amerita prisión preventiva oficiosa, o sea que no hay mediación de por medio".
La presidenta municipal tendría que ir a la cárcel porque así lo establece la Ley y esta fue una iniciativa que presentó el propio Presidente de la República", concluyó Xóchitl Gálvez.
De acuerdo con la ley en la materia, utilizar bienes, fondos o servicios o beneficios relacionados con programas sociales para ejercer cualquier tipo de presión sobre el electorado, podría castigarse con 4 a 9 años de prisión.
Condicionar la prestación de servicios públicos provenientes de programas gubernamentales a la realización de obras públicas en la emisión del sufragio, tiene una pena de 2 a 9 años de prisión.
