Tras realizar una "rodada" del Parque Hundido a la sede de la Secretaría de Movilidad (Semovi), diputados del PAN y de la Asociación Parlamentaria Ciudadana del Congreso local exhortaron al titular de esa Secretaría, Andrés Lajous Loaeza, pronunciarse sobre la discusión de la Ley Federal de Movilidad, congelada en San Lázaro.
"Sí, tenemos la autoridad moral para decirle a la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, que sea aliada de los derechos de ciclistas y peatones, dejando atrás las presiones por intereses del poder económico", indicó el panista Federico Döring Casar.
Al efectuar un mitin en la puerta principal de la Semovi, ubicada en Avenida Álvaro Obregón 265, colonia Roma, el legislador expresó que el Gobierno capitalino debe apostarle a la movilidad sustentable, para que la Ciudad sea vanguardia en temas de transporte alternativo y no contaminante.
"El titular de Semovi fue activista y debe estar del lado de la razón y no de Morena, ni ser una costosa estatua de sal. La Ley de Movilidad detenida necesita que todos los liderazgos que la puedan apoyar, se pronuncien", exigió el representante popular.
A su vez, los diputados de la Asociación Parlamentaria Ciudadana (APC), Daniela Álvarez Camacho y Royfit Torres González, afirmaron que la Ciudad de México no está diseñada para las personas con discapacidad motriz o limitada.
Por ello, demandaron saber cuáles son las acciones afirmativas que hará el Gobierno en pro de este sector de la población y con base a la legislación en proceso a nivel federal.
"Tener una Ley de Movilidad integral, ayudaría a que se diseñe una sola política a nivel nacional y todas las entidades puedan caminar en el mismo rumbo", señalaron los diputados del PAN y Movimiento Ciudadano, respectivamente.
Sostuvieron que las calles deben ser de todos y no seguir privilegiando el uso del automóvil, "sobre todo porque sólo el 20% de la población se moviliza en este medio", enfatizó Torres González.
Coincidieron en exigir al secretario de Movilidad que no sea parte del silencio cómplice y cobarde del veto, que el Gobierno capitalino pretende anteponer a los intereses económicos.
