Exguerrilleros llegan a Bogotá para pedir que acabe la violencia contra ellos
La Corte dijo que existe una grave crisis que ha afectado de modo grave los derechos fundamentales a la vida.
Bogotá.- Unas doscientas personas, la mayoría exguerrilleros de las extintas FARC, marcharon este lunes en Bogotá, ataviadas con botas blancas, para pedirle al Gobierno colombiano garantías y denunciar que más de 300 firmantes de paz y sus familias han sido asesinadas desde 2016.
Con botas de caucho, como las que caracterizan a los guerrilleros en el monte, pero blancas por la paz, recorrieron el centro de la ciudad, venidos en delegaciones desde varias partes del país, hasta la Plaza de Bolívar, donde dejaron retratos y carteles en conmemoración de los 307 firmantes asesinados desde que se firmó el acuerdo de paz el 24 de noviembre de 2016.
"Hoy venimos a ponernos las botas blancas por la paz y a marchar y decirle al país que no regresamos a la selva, sino que venimos aquí a solicitar garantías para el derecho a la vida", dijo el Pastor Alape, vocero de Comunes, el partido surgido de la desmovilización de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Los firmantes de la paz aseguran que su situación es grave y la marcha se produce pocos días después del asesinato de Jorge Santofimio, un dirigente social y exguerrillero al que mataron hombres encapuchados cuando realizaba una reunión con otros miembros desmovilizados."La gravedad de la situación también se palpa en los atentados y asesinatos que se han registrado en medio de la contienda electoral en los departamentos de Huila y Valle del Cauca, donde resultó asesinado un agente escolta en cumplimiento de su servicio", denunciaron en un comunicado.
Alape, por su parte, aseguró que "el Gobierno no se ha movido en garantizar la vida" y que casi ningún asesinato ha sido resuelto.
Por ello le piden al Ejecutivo que se reactive el seguro de vida para personas en proceso de reincorporación y mayor cooperación para evaluar el nivel de riesgo que existe en los territorios donde viven.
El pasado 16 de febrero, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) pidió a la Procuraduría que investigase si hubo fallos de la seguridad que tiene que brindar el Estado a los exmiembros de las FARC que firmaron el acuerdo de paz que pudieron provocar el asesinato de 35 exguerrilleros.
Y dos semanas antes, la Corte Constitucional ordenó al Gobierno colombiano garantizar la seguridad y la vida de los desmovilizados de la guerrilla de las FARC, para lo cual dictó el Estado de Cosas Inconstitucional que contenía "órdenes puntuales para restablecer estos derechos".
La Corte dijo que existe una grave crisis que ha afectado de modo grave los derechos fundamentales a la vida, a la integridad personal, a la seguridad y a la paz de los desmovilizados tras la firma del acuerdo.
La decisión se deriva del hecho de que la Corte falló varias tutelas (recursos de amparo) interpuestas por desmovilizados de las FARC que viven en los departamentos de Guaviare y Nariño, en las que consideraban que sus vidas estaban en peligro y que las medidas adoptadas por el Gobierno han sido insuficientes.
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