Trump ha sostenido que el registro de su vivienda forma parte de una campaña política
En un escrito presentado ante el alto tribunal, el Gobierno estadounidense calificó los documentos hallados en la residencia de Trump de "extraordinariamente delicados" y aseguró que si se permite al perito independiente examinarlos, se estará causando un "daño irreparable".
El Departamento de Justicia, en manos del demócrata Merrick Garland -cuya nominación al Supremo fue impedida en 2016 por los senadores del Partido Republicano-, llegó a insinuar que incluso si fuese el propio juez quien leyese estos documentos, se estaría "poniendo en jaque la seguridad nacional".
El FBI realizó el pasado 8 de agosto un registro en Mar-a-Lago, la residencia de Trump en Palm Beach (Florida), durante el cual decomisó unos 11.000 documentos oficiales, entre ellos unos 100 clasificados, que el expresidente no devolvió cuando abandonó la Casa Blanca en enero de 2021.
Como consecuencia de una demanda que interpuso el exmandatario, una jueza de Florida autorizó que un perito independiente revisase el material incautado, una decisión que impedía al Departamento de Justicia continuar con la revisión de los documentos clasificados.
No obstante, un tribunal de apelaciones permitió posteriormente a la Fiscalía estadounidense continuar con la investigación de ese material, a lo que el equipo legal de Trump respondió a principios de octubre elevando el caso al Tribunal Supremo.
Desde el principio, Trump ha sostenido que el registro de su vivienda forma parte de una campaña política para impedir la posibilidad de que vuelva a presentarse como candidato republicano a las elecciones presidenciales de 2024.
