Norma Aceves refrendó que desde el Poder Legislativo se debe buscar blindar las acciones y programas.
Ciudad de México.- La desaparición de las Escuelas de Tiempo Completo es una afrenta al interés superior de la niñez, que demuestra un incumplimiento más de las autoridades educativas en contra de la infancia, aseguró la diputada Norma Aceves García (PRI).
Por ello, informó en un comunicado, presentó una iniciativa que reforma las Leyes Generales de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; de Desarrollo Social; y de Educación, a fin de mantener en funcionamiento las escuelas con jornadas de entre 6 y 8 horas diarias, que cuenten con servicios de alimentación y que la Secretaría de Educación Pública (SEP) emita un informe anual sobre este programa.
Además, propuso proveer y mantener estancias infantiles en todas las comunidades, particularmente para poblaciones que no cuenten con seguridad social como un derecho laboral, y para ejecutar programas destinados a los servicios de cuidado, para familias que tengan niñas, niños o adolescentes con discapacidad que requieran atención continua, sea en centros de atención externos o al interior de sus domicilios.
Aseguró que cancelar las escuelas de horario ampliado es una clara incongruencia con los objetivos del Sistema Nacional de Educación, que es fomentar las actividades para garantizar el derecho a una educación de calidad para todos sus alumnos.
En ese sentido, argumentó que este grave retroceso a los derechos constitucionales de niños, niñas y adolescentes ocurre en un contexto donde este grupo resultó severamente afectado por la pandemia; además, subrayó, representa una vulneración de diversos instrumentos administrativos.
Aceves Mejía advirtió que las consecuencias en este grupo de 3.2 millones de educandos, aunado a la actual crisis económica, será el aumento en la participación laboral de niñas, niños y adolescentes para compensar las pérdidas de ingresos familiares, porque los padres no pueden cubrir los horarios de trabajo que tenían.
La diputada Norma Aceves refrendó que desde el Poder Legislativo se debe buscar blindar las acciones y programas que tienen como finalidad el bienestar de niñas, niños y adolescentes, así como fortalecer el marco jurídico para asegurar su continuidad y prevenir la aplicación de decisiones contrarias al bien común.
