A fin de hacerse de concesiones “por tiempo indefinido” de aeropuertos y vías férreas mediante reformas que incluyan el “interés público o general, o por motivos de seguridad nacional” en infraestructura estratégica “para la provisión de bienes o servicios públicos”, desde marzo pasado la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) recaba opiniones de dependencias federales para reformar la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LAPF), Ley de Aeropuertos (LA) y la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario (LRSF). De acuerdo con información filtrada por el grupo de hackers Guacamaya, el envío de correos electrónicos que la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Sedena mantiene con la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer), y las secretarías de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), refiere que ese conjunto de enmiendas “permitirá fortalecer las bases de organización de la Administración Pública, Centralizada y Paraestatal”. Sin embargo, los análisis de impacto regulatorio, principalmente de la dependencia que encabeza Rogelio Ramírez de la O, señalaron deficiencias en el anteproyecto.
