Hasta el momento solo han logrado ser recapturados por las fuerzas de seguridad 112, por lo que 108 siguen fugados.
Quito.- La crisis carcelaria de Ecuador vivió este lunes un nuevo baño de sangre donde fueron masacrados y asesinados al menos 44 presos en la prisión de Santo Domingo de los Tsáchilas, con lo que superó los 400 reclusos reclusos fallecidos en enfrentamientos entre bandas rivales en poco más de dos años.
Si en 2020 fueron 46, la violencia dentro de las cárceles ecuatorianas se desbordó en 2021, cuando se registraron 316 reos perecidos en distintas matanzas, y este 2022 va rumbo a repetir una cifra similar al acumular de momento 64 muertes.
Esta nueva masacre es más la más grande de este año 2022, por encima de la anterior, ocurrida un mes atrás en la cárcel de la sureña ciudad andina de Cuenca, donde murieron 20 reclusos y al menos otros 10 resultaron heridos.
Ambos episodios tienen detrás a las mismas bandas rivales, según afirmó el ministro del Interior, Patricio Carrillo, en una rueda de prensa, con una organización llamada "Los Lobos" como la supuesta causante de estas masacres al atacar a un grupo disidente que se hace llamar "R7".
Antes de estos episodios, el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, presumía de que en los tres primeros meses de 2022 apenas habían fallecido ocho presos en las cárceles ecuatorianas, y que las muertes intracarcelarias se habían reducido más del 90 % sobre el año anterior, cifras que saltaron por los aires con las dos últimas matanzas.
A diferencia de la masacre de abril en Cuenca, donde se usaron armas de fuego, entre ellas fusiles de asalto, esta matanza se libró con armas blancas, según los primeros indicios reportados por las autoridades, pero los registros realizados por las fuerzas de seguridad tras retomar el control de la cárcel revelaron algo distinto.
En el pabellón de máxima seguridad fueron hallados cuatro fusiles, tres pistolas, un revolver, cuatro granadas, 1.800 cartuchos del calibre 2.23 y tres cargadores, según comunicó el Servicio Nacional de Atención Integral (SNAI) a personas privadas de la libertad, el organismo estatal encargado de las prisiones.
EXTREMA CRUELDAD
Ni bien se conocieron los hechos, comenzaron a circular imágenes que revelan la extrema crueldad de la noche vivida en esta cárcel, donde se aprecia una pila de cuerpos semidesnudos, algunos de ellos mutilados y sin cabeza, sobre charcos y regueros de sangre en todas las direcciones.
En este nuevo motín, que comenzó en torno a la 1.30 hora local (6.30 GMT), se fugaron de los pabellones al menos 220 presos ya sea por salvar su vida o recuperar su libertad, y hasta el momento solo han logrado ser recapturados por las fuerzas de seguridad 112, por lo que 108 siguen fugados.
Mientras, a las fueras de esta cárcel situada a 150 kilómetros al oeste de Quito, se concentraban angustiados numerosos familiares de los presos para intentar saber de ellos.
Esta última masacre se dio con el presidente, Guillermo Lasso, fuera del país, en el primer día de su visita oficial a Israel, donde precisamente uno de sus objetivos es conseguir aún más apoyo y cooperación del Gobierno israelí en materia de seguridad para hacer frente a la violencia de las organizaciones criminales.
"No daremos el brazo a torcer ante las mafias. Nuestro compromiso por recuperar el orden las cárceles es firme", escribió Lasso desde Israel para anunciar el traslado inmediato de seis presos señalados por las autoridades como los presuntos cabecillas y responsables de la matanza en Santo Domingo.
Cinco de ellos fueron llevados a cárceles de la costera provincia de Guayas: uno a la Penitenciaria del Litoral y los otros cinco a la prisión de máxima seguridad de La Roca, a donde ya fueron trasladados en abril otros cinco presos como presuntos causantes de la matanza de Cuenca.
TRES PROVINCIAS EN ESTADO DE EXCEPCIÓN
Las bandas criminales a las que se les atribuye estas masacres dentro de las cárceles también son presuntamente las causantes de la creciente violencia que se vive en la costa de Ecuador por el control del narcotráfico y la exportación principalmente de cocaína hacia Estados Unidos y Europa.
Recientemente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió un informe sobre la crisis carcelaria de Ecuador en el que instaba al Gobierno a recuperar el control interno de las cárceles, dar condiciones dignas a los presos y elaborar una políticas de prevención del delito donde no prime el encarcelamiento.
Hasta finales de 2021 había más de 36.000 reclusos, casi el 40 % sin sentencia, en 36 centros cuya capacidad es de 30.000 reos, aunque el hacinamiento llegaba al 62 % en cárceles como la de Guayaquil, la más poblada del país con 7.231 privados de libertad y escenario de los episodios más sangrientos vividos el año pasado.
Para solucionar la crisis carcelaria, el Gobierno de Ecuador está en vías de contratar a 1.400 nuevos agentes penitenciarios, conceder alrededor de 5.000 indultos a presos condenados por delitos menores y desarrollar la primera política del país de derechos humanos hacia la población penitenciaria.
