En 2016 el hundimiento de una estructura aledaña a un centro educativo provocó revuelo entre los habitantes de la zona.
Quito.- El Gobierno de Ecuador destinará 3.5 millones de dólares para reforzar el suelo del cantón Zaruma, en la provincia sureña de El Oro, gravemente afectado por un reciente derrumbe como consecuencia de socavones causados por la minería ilegal.
Así se dio a conocer en una reunión del Comité de Operaciones de Emergencias (COE) cantonal en la que participó de manera virtual el presidente ecuatoriano, Guillermo Lasso, quien responsabilizó directamente al alcalde de Zaruma, Jhansy López, de las actividades mineras no reguladas que, según las autoridades, provocaron el desprendimiento.
"Su labor deja mucho que desear. Es lamentable que no haya tomado decisiones a tiempo", afirmó el mandatario sobre el desastre ocurrido el pasado 16 de diciembre que hundió varios inmuebles, dejó a unas 300 personas en la calle y llevó al presidente a declarar el estado de excepción en la ciudad de 90 días de duración.
Las autoridades han encontrado al menos siete bocaminas debajo de las viviendas de esa localidad ecuatoriana, una de ellas dentro del socavón que provocó el desplome y donde se trabaja desde hace más de dos semanas en la retirada de escombros.
El Gobierno destinará la inversión anunciada hoy a rellenar los huecos y fortalecer el suelo.
En la reunión del COE cantonal, intervino el ministro de Vivienda, Dario Herrera, que detalló la situación de otros inmuebles que se encuentran afectados por las actividades de minería ilegal que según distintas fuentes vienen perforando el terreno de Zaruma en las últimas seis décadas.
Son al menos 161 viviendas las que sufren daños que afectan entre el 60 % y el 100 % de su estructura, precisó el ministro antes de señalar la posibilidad de que "se amplíe el área de riesgo" a 564 lotes, si así lo determinan las autoridades de Gestión de Riesgos.
Lasso, quien se encuentra en aislamiento como medida de prevención después de que el vicepresidente, Alfredo Borrero, diera positivo por COVID-19, firmó un decreto para que el Ministerio de Inclusión Económica y Social entregue bonos de contingencia a las familias afectas a partir del 10 de enero.
En el encuentro también intervino la ministra de Gobierno, Alexandra Vela, quien presentó los resultados de las acciones policiales en la zona afectada.
En total, reveló, se han precintado 37 lugares donde se desarrollaba actividades mineras y se han iniciado dos investigaciones.
En 2016 el hundimiento de una estructura aledaña a un centro educativo provocó revuelo entre los habitantes de la zona, que protestaron por la intervención de las autoridades.
