Negó cualquier responsabilidad relacionando con los "incidentes".
La DEA (Administración de Control de Drogas por sus siglas en inglés) en México negó cualquier responsabilidad en los ‘incidentes’ de la llamada masacre de Allende en Coahuila, a pesar del hecho de que sus Unidades de Investigaciones Sensibles (SIU) estuvieron penetradas por el crimen organizado al más alto nivel y su líder entre 2008 y 2016.
La agencia sostuvo que “no hay evidencia” que pruebe que desde el interior de las SIU se filtró la información que llevó a la muerte de cientos de personas en Allende, Coahuila, por parte de sicarios entre el 18 y el 20 de marzo de 2011, publicó el diario Milenio.
Según la DEA, ‘no hubo ninguna evidencia que conecte a la unidad SIU de México y a la oficina de la DEA en el país con los hechos’.
Agentes. Las respuestas de los agentes entrevistados y las observaciones de los auditores arrojan una nueva luz sobre cómo respondió la agencia antidrogas de EU en 2010 y 2011 e incluso dan cuenta de que también hubo errores en el manejo de la crisis.
La agencia estadunidense admitió que no investigó a fondo el hecho ya que no tiene la autoridad legal para conducir investigaciones criminales en territorio mexicano.
“La DEA enfatizó que no tiene la autoridad legal para conducir investigaciones criminales o administrativas de personal extranjero en territorio extranjero”, argumentó. La agencia concluyó que “no existe evidencia de que la oficina de la DEA haya notificado a Washington del incidente de Allende”.
La masacre. Tuvo lugar entre los días 18 y 20 de marzo 2011 en el municipio de Allende, Coahuila. Aquel día, sicarios a bordo de camionetas irrumpieron en el municipio para arrasarlo como castigo por una traición que llevó a la DEA a acercarse a algunos de sus líderes. Destruyeron viviendas y un número indeterminado de personas (entre 45 y 300, según versiones) fueron desaparecidos.
Las víctimas vinculan estos hechos con el penal de Piedras Negras, convertido en centro de exterminio a cargo de Los Zetas. Actualmente faltan 7 órdenes de aprehensión por ejecutar y ya han sido condenados algunos responsables. Sin embargo, la investigación por las responsabilidades políticas queda pendiente. La FGR se comprometió con las familias, pero, a día de hoy, sigue sin iniciar pesquisas. Durante los últimos años, diversas autoridades plantearon la posibilidad de que investigadores federales se hicieran cargo del expediente, pero a día de hoy eso no ha sucedido. De hecho, en agosto de 2019 hubo una reunión en la que estuvo presente, entre otros, el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, en la que también se llegó al compromiso de la atracción, sin resultados hasta el momento.
Lo más cerca de que la FGR encabece esta investigación fue la apertura en 2018 de una carpeta en la antigua Seido, la fiscalía especializada en crimen organizado. Se trata de la carpeta FED/SEIDO/UEIDCS-CDMX/0000624/2018. Sin embargo, esta no pasó de recibir la recomendación de la CNDH y no hay constancia de mayores movimientos. Las familias de las víctimas llevan años pidiendo que sea la FGR la que atraiga el expediente ya que consideran que las autoridades de Coahuila no están capacitadas para investigar unos hechos que salpican a antiguos funcionarios. “Hay avances, con órdenes de aprehensión y sentencias. Pero está contaminado”.
