Habitantes de la comunidad wixárika de San Andrés Cohamiata, en el municipio de Mezquitic, Jalisco, han comenzado a pedir apoyo del gobierno federal y el gobierno del estado ante el asedio de integrantes del Cártel de Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa que disputan territorio en esta zona donde confluyen los estados de Zacatecas, Nayarit, Durango y Jalisco.
"Hay una balacera en esa dirección, en Santa Cruz de la Sierra, y el gobierno ni sus luces, necesitamos apoyo, por favor, nos bajaron todas las mercancías, AMLO, por favor, necesitamos apoyo, candidatos, señor gobernador del estado, Alfaro, no que muy cabrón, necesitamos su ayuda acá", se oye decir a un hombre tras escucharse a lo lejos ráfagas de disparos.
El lunes pasado la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) emitió un pronunciamiento respecto a esta situación de violencia en esta región de la Madre Sierra Occidental y desde el 17 de junio pasado la única empresa de transporte público que recorre las comunidades de la región suspendió actividades ante la falta de garantías para circular por la carretera.
Hasta ahora sólo la Secretaría de Gobernación del gobierno federal se ha contactado con la CEDHJ para señalar que ya se gestiona mayor presencia del Ejército o la Guardia Nacional en la región, señaló el tercer visitador General de la defensoría, Aldo Iván Reynoso Cervantes.
"Nos hemos enterado por cuentas de Facebook de la misma comunidad y por los mismos comuneros, que señalan de un posible altercado en los próximos cinco días, porque estos grupos que trabajan al margen de la ley pretenden recuperar cierto territorio y hay un temor muy fundado de que se dé ese intento de recuperar territorio y que se presente un repliegue más al fondo de la comunidad y se entorpezcan sus labores comunitarias", señaló.
Los habitantes de San Andrés también documentaron que un helicóptero de la Secretaría de Seguridad Púbica del estado aterrizó en la comunidad para sacar a algunas personas que suponen son funcionarios del Gobierno de Jalisco.
Personal de la Comisión Estatal Indígena de Jalisco confirmó a EL UNIVERSAL que hasta este miércoles un grupo de funcionarios que trabaja en la zona no ha podido regresar a la capital de Jalisco debido a la inseguridad, pues en los caminos hay retenes de la delincuencia organizada y los campamentos de gente armada se extienden por varios puntos de la región.
EL UNIVERSAL consultó sobre este tema a la coordinación del gabinete de seguridad del gobierno de Jalisco y a través de un mensaje de WhatsApp respondió que "desde hace meses que se registraron momentos álgidos en el municipio de Mezquitic, específicamente en la franja limítrofe entre Zacatecas y Jalisco, se tomaron acciones específicas de reforzamiento de corporaciones de seguridad de los tres niveles de gobierno. Esta presencia es permanente y su evaluación se realiza continuamente en el seno de la Comisión Ejecutiva del Consejo Estatal de Seguridad".
