La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) investiga de oficio y emitió medidas cautelares al Instituto Nacional de Migración (INM), a la Guardia Nacional (GN), al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF), así como a la Secretaría de Gobernación, a la Dirección General de los Servicios de Salud, a la Fiscalía General del Estado y al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de San Luis Potosí, por la volcadura de un autobús en Mexquitic de Carmona, donde perdieron la vida seis personas migrantes y otras más resultaron heridos.
La CNDH lamentó la volcadura de un autobús en el que viajaban hombres, mujeres y niños, originarios de El Salvador, Cuba y Honduras, a la altura del kilómetro 2 del libramiento del municipio potosino, que ocasionó el fallecimiento de varias personas, así como lesiones a otras más, dentro de los cuales se encuentran niñas, niños y/o adolescentes.
La presidenta del organismo autónomo, Rosario Piedra Ibarra, ordenó iniciar la investigación de oficio, derivado de que los hechos afectan a un grupo en situación vulnerable, como lo son los migrantes, con la finalidad de indagar posibles actos u omisiones, que por su naturaleza pudieran resultar de especial gravedad y constituir violaciones a los derechos humanos.
La CNDH solicitó la implementación de medidas cautelares, con la finalidad de que, de manera coordinada y en el ámbito de sus competencias, se realicen todas las acciones necesarias para garantizar la atención humanitaria de urgencia a los migrantes hospitalizados, de manera especial a quienes se encuentren en gravedad, y sean valoradas e intervenidas de ser el caso, por personal médico especializado.
Asimismo, pidió que se realicen las acciones necesarias y efectivas para la comunicación pronta con las autoridades consulares, a efecto de estar en posibilidad de que los familiares de las víctimas puedan reconocerlos y posteriormente reclamar sus restos mortales.
También solicitó que se conforme un grupo multidisciplinario compuesto por médicos, psicólogos, trabajadores sociales y abogados, entre otros, para brindar atención integral y se dicten las medidas de protección especiales que requiera ese grupo vulnerable.
En específico, al INM pidió que se giren instrucciones, a efecto de que las personas que se encuentran recibiendo atención médica en hospitales públicos y privados, así como de las que resultaron víctimas en los hechos aducidos, se les brinde las visas humanitarias correspondientes, así como a los familiares de quienes perdieron la vida, a fin de que puedan recibir la atención médica especializada, psicológica y asesoría legal como víctimas de delito.
A la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí, solicitó que se realicen las acciones necesarias para la identificación, preservación y repatriación de las personas fallecidas; además, se lleven a cabo todas aquellas diligencias que sean necesarias para agilizar la investigación de los hechos descritos, garantizando el derecho de acceso a la justicia, al conocimiento a la verdad y a la reparación integral en favor de las personas víctimas.
Finalmente, la Dirección General de los Servicios de Salud del Estado de San Luis Potosí, debe girar instrucciones a quien corresponda, a efecto de que las personas que se encuentran recibiendo atención médica en hospital público, sean valoradas e intervenidas de ser el caso, por personal médico especializado, brindándoles medicamentos, equipos e instrumentos quirúrgicos, o de ser el caso, ambulancias para conducciones a hospitales de tercer nivel, entre otras.
