Unas 58 familias desplazadas de Guerrero Grande, municipio de San Esteban Atatlahuca en la Mixteca de Oaxaca, demandan al gobierno estatal y federal seguridad para el retorno a su comunidad, de donde fueron desplazados desde octubre del 2021.
Representantes de las personas desplazadas dieron a conocer a EL UNIVERSAL que intentarán regresar a su comunidad el 23 de julio próximo, con o sin acompañamiento de las instancias de los gobiernos estatal y federal, luego de esperar durante casi 10 meses para ser atendidos, sin obtener respuesta. "Las familias decidieron que debemos de regresar a nuestras casas y a nuestra comunidad, para poder reconstruir, porque pensamos que está todo destruido; desconocemos en qué condiciones puede estar", señalaron.
"Hacemos responsables al gobierno del estado de Oaxaca y a la federación de las consecuencias que le llegara a suceder a cualquier vecino de la comunidad de Guerrero Grande, durante y después del retorno, debido que no se nos atendió en su momento". A principios de julio pasado, las familias dirigieron un oficio a las distintas dependencias de gobierno para notificarles sobre un segundo y último llamado de asistencia para su retorno seguro a Guerrero Grande.
El escrito fue dirigido a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), a la Secretaría de Gobernación (Segob), así como la Defensoría de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) y a la Secretaria de General de Gobierno (Segego), entre otras instancias.
Expresaron estar cansados de esperar sin recibir ninguna respuesta favorable a su petición y agregaron que ya no aceptarán otra mesa de diálogo, ya que consideran que las autoridades seguirán posponiendo el regreso. Dioscoro Sandoval García, agente municipal de Guerrero Grande, detalló que en el conflicto interno que sostienen, "todos somos familiares en la comunidad", por lo que espera que en el intento del retorno no habrá represalias.
Desde que fueron desplazadas, muchas de las familias viven en un albergue, otras rentan casas y unas más viven con sus familiares: "Vivimos en malas condiciones, por lo que vemos la necesidad de regresar a nuestra comunidad; no sabemos en qué condiciones están nuestras casas y pertenencias, pero queremos regresar".
La violencia los obligó a salir
Fue el 1 de octubre pasado cuando un grupo de personas incendió más de medio centenar de casas, tras una disputa interna en su comunidad. Ese día y los siguientes dos, decenas de familias huyeron de Guerrero Grande hacía la cabecera municipal.
A casi 10 meses del ataque, muchas de las familias siguen resistiendo en el albergue escolar indígena ubicado en la cabecera municipal de San Esteban Atatlahuca; sin embargo, otros han tenido que desplazarse a la ciudad de Tlaxiaco y a la Ciudad de México. En la misma situación se encuentran otras 16 familias de la comunidad de Ndoyonuyuji, que se refugian en las instalaciones del albergue del INPI en la ciudad de Tlaxiaco, así como otras 75 familias que están en un albergue provisional de Guerrero Grande, cuyas viviendas fueron incendiadas en octubre pasado.
El estado de Oaxaca acumuló 20.8% del total de desplazados en el país durante 2020, según en el último reporte de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos A.C. (CMDPDH).
"Nueve de los 24 episodios de desplazamiento fueron causados por violencia política, conflictividad social y conflictos por territorio lo que representó el 37.5 % del total. Estos se llevaron a cabo en los estados de Chiapas y Oaxaca, afectando a población indígena", señala. Distintas organizaciones de derechos humanos reconocen que aun cuando el desplazamiento forzado interno es una problemática nacional, no existe un registro del número de personas que se encuentran en esa situación en todo el país.
Según datos del Centro de Monitoreo del Desplazamiento Interno, del Consejo de Noruega para Refugiados, en México habría 357 mil personas en situación de desplazamiento forzado interno, hasta el 31 de diciembre de 2020.
