Aseguraron que "no se comprobará el estado civil de los extranjeros" ni habrá inspecciones por parte de agentes oficiales en los alojamientos turísticos
El martes recién pasado el Parlamento de Indonesia aprobó una extensa reforma a su código penal, implementando una batería de medidas ultraconservadoras, entre ellas una polémica ley que penaliza con hasta un año de cárcel cualquier relación sexual fuera del matrimonio.
Estos cambios han sido criticados tanto por la ONU –que pidió al Gobierno indonesio que dé marcha atrás– como por organizaciones de derechos humanos.
Estas críticas generaron preocupación en ese país, donde ahora se teme que estas medidas puedan impactar en el turismo, cuyo icono es la isla de Bali, que recién comenzaba a recuperar el ritmo de visitantes tras casi dos años de cierre a extranjeros por la pandemia.
Ante esto, el gobernador de la isla, Wayan Koster, emitió un comunicado para lanzar un mensaje de tranquilidad a los visitantes, donde asegura que todo "seguirá como siempre" para los turistas que visiten la paradisiaca isla. "Bali sigue siendo Bali, lo que significa que es seguro y cómodo para los visitantes", sostuvo la autoridad.
"No se comprobará el estado civil de los turistas"
El gobernador afirmó que "los extranjeros que visiten o vivan en Bali no deben preocuparse por la puesta en marcha de la reforma del código penal", ya que la isla garantizará el respeto a "la privacidad y el confort" de los visitantes.
En ese sentido, aseguró que "no habrá ningún tipo de comprobación sobre el estado civil (del visitante) en los alojamientos turísticos, como hoteles, villas, apartamentos o spas, ni ninguna inspección sobre el estado marital por parte de agentes oficiales". "Se garantiza la confidencialidad de los datos personales durante la estancia", sostuvo.
"Aseguramos que no habrá ningún problema. Ningún huésped que se quede en Bali será preguntado por su estado civil", aseveró también Gusti Agung Ngurah Rai Suryawijaya, vicepresidente de la Asociación de Hoteles y Restaurantes de Bali.
El Gobierno indonesio lleva días de campaña diplomática tratando de relativizar el impacto de la medida, y este lunes el viceministro de Interior y Derechos Humanos, Edward Omar Sharif, intentó disipar los temores entre los turistas que piensen en Indonesia como destino.
"Los turistas no pueden ser condenados por esta ley porque los únicos que pueden presentar cargos son sus hijos, esposos o padres, quienes (en este caso) se encuentran fuera de Indonesia", enfatizó, dando por sentado condiciones que no tienen por qué cumplirse en todos los casos, como si hay una relación entre un turista y un indonesio.
En general, las autoridades indonesias tienen un papel complicado: defender una reforma que, según dice el Gobierno, podría haber sido aún más conservadora, por el auge de facciones islamistas en el país, sin que eso menoscabe su atractivo internacional.
De momento, la reforma –que también prohíbe la apostasía o insultar al Presidente– tiene que ser aprobada por el mandatario, Joko Widodo, con fama de moderado, y después puede ser disputada en el tribunal constitucional durante un periodo de tres años, de modo que "el nuevo código penal solo se aplicará tres años después de ser firmado", recordó Sharif.
