Se trata de tener una administración que les permita elegir a sus representantes
La facultad y responsabilidad de los Centros Públicos de Investigación (CPI) de gobernarse a sí mismos y gozar de libertad académica, de investigación y de cátedra, es el punto medular del decreto que reforma el artículo 48 de la Ley de Ciencia y Tecnología, que el pasado lunes fue avalado por unanimidad, por la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados.
El dictamen que amplía las facultades de los CPI postula que con este reconocimiento de la facultad de autogobierno se pretende impulsar los procedimientos administrativos, de nombramiento y académicos de forma ágil, genuina y eficiente. No obstante, aclara, se requiere una reforma integral que permita su pleno ejercicio.
La Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación, que preside el diputado Javier Joaquín López Casarín (PVEM), aprobó dicho proyecto de dictamen que fue una iniciativa presentada por el diputado Juan Carlos Romero Hicks (PAN).
Durante el análisis, el diputado Éctor Jaime Ramírez Barba (PAN) afirmó que es un paso para garantizar de manera explícita la autonomía y facultad de gobernarse a los centros públicos.“Para el desarrollo de México es fundamental que la investigación científica que encuentre libre de influencias ideológicas o intereses externos”.
Por su parte, la diputada del PT, Araceli Celestino Rosas, dijo que abona a la armonización de las leyes y a la libertad académica y para que al enseñar se haga sin restricciones de doctrinas instituidas y se cierre el paso a la censura institucional: “La libertad académica, de cátedra y de investigación de las instituciones es necesaria para el desarrollo de la ciencia, tecnología y la innovación”.
El diputado Mario Alberto Rodríguez Carrillo (MC), secretario de la Comisión, dijo que queda pendiente orientar a las comunidades científicas sobre el autogobierno, lo cual abre la posibilidad de dar confianza a quienes han mostrado su probidad científica y académica de construir comunidades científicas. Aclaró que no se trata de que no rindan cuentas, sino de tener una administración que les permita elegir a sus representantes.
También, la diputada Judith Celina Tánori Córdova (Morena) destacó la importancia de avanzar al autogobierno de los Centros Públicos de Investigación, e incluso de universidades públicas, donde se elige a autoridades y se toman decisiones desde una cúpula administrativa, para lograr instituciones más democráticas.
Durante la sesión, la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación también aprobó, por unanimidad, la opinión de la Comisión respecto a la primera entrega de informes individuales de auditorías correspondientes a la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2021 en el caso del sector que es el Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación 2021-2024.
Los diputados resaltaron que del oportuno seguimiento y cumplimiento de las recomendaciones y acciones que se presentan en el informe de auditoría, depende que los Centros Públicos de Investigación y las entidades fiscalizadas sigan operando, generando proyectos y promoviendo la articulación de profesionistas de alto nivel dedicados a actividades científicas, tecnológicas y de innovación.
Y señalaron que gracias a la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación, y al uso de herramientas digitales, se pudo dar continuidad a algunos de los servicios que brindaron los organismos y dependencias de la Administración Pública Federal, en el contexto de la emergencia sanitaria provocada por el virus SARS CoV-2 (Covid-19).
Un tercer tema abordado fue expuesto por el diputado Mario Alberto Rodríguez Carrillo (MC), quien informó que se tiene previsto firmar una Carta de Entendimiento entre esta Comisión y el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial para el fortalecimiento y desarrollo de los centros de patentamiento, la protección de la propiedad industrial y la creatividad de innovadores, así como la identificación de contextos que requieran la actualización normativa.
Pues con esto se reconoce la importancia de colaborar con los diferentes Poderes de la Unión, organismos descentralizados e instituciones, para el aprovechamiento y desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación y generar sinergia con instituciones estratégicas.
