El excandidato panista, tenía que responder por varios delitos.
El ex candidato presidencial Ricardo Anaya no acudió a una audiencia de continuidad el lunes en juzgados del Reclusorio Norte, para responder por los delitos que le imputa la Fiscalía General de la República (FGR) de cohecho, lavado de dinero y asociación delictuosa. En la audiencia, debido a la ausencia de Anaya, el juez Marco Antonio Fuerte Tapia determinó que no existían las condiciones para continuar la reunión judicial.
La audiencia inició a las 10:15 horas del lunes, y se llevó a cabo con la presencia de todas las partes: la defensa de Anaya Cortés, agentes de la Fiscalía General de la República y abogados de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y de la Cámara de Diputados. Al inicio de la audiencia, la defensa del ex candidato presidencial solicitó un plazo razonable para justificar la inasistencia del imputado, sin expresar la razón de su no comparecencia.
Prórroga. Ante tal circunstancia, en el ejercicio del contradictorio, el Ministerio Público se opuso a que el juez concediera una prórroga adicional, porque se trataba de una conducta reiterada, además que hasta el día de hoy no se tenía registro de su ingreso a territorio nacional. Bajo ese contexto, el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, al considerar que la defensa no tenía pretensión, no concedió dicha prórroga.
Requerimiento. El Juez de Control preguntó a la Fiscalía si estimaba solicitar alguna cuestión, (como una orden de aprehensión), pero el Ministerio Púbico respondió que no tenía requerimiento alguno.En ese marco, el Juez Fuerte Tapia aclaró que él no podía acordar más allá de lo solicitado por las partes.
Anaya reconoció el año pasado que se encontraba fuera del país, por lo que en la última audiencia virtual que tuvo en noviembre del 2021, el juez federal Marco Antonio Fuerte Tapia le ordenó acudir presencialmente, o de lo contrario ordenaría a la Fiscalía General de la República buscar los medios que considere procedentes para garantizar su presencia en la sala de audiencias.
Según la FGR, los altos funcionarios de Odebrecht Brasil, Hilberto Mascarenhas Alves da Silva Filho; Marcelo Odebrecht y Luis Alberto de Meneses Weyll, declararon ministerialmente en Brasil que a partir del año 2012 cuando inició el gobierno de Enrique Peña Nieto en nuestro país, buscaron contratos en operaciones sustantivas de Petróleos Mexicanos y para ello entregaron sobornos a Emilio Lozoya, entonces director de Pemex, como un primer pago por 10 millones de dólares para garantizar el control sobre esa producción petrolera.
Emilio Lozoya presentó una denuncia en 2020 donde señaló que recibió instrucciones “superiores” para entregar 6 millones 800,000 pesos a Ricardo Anaya, a fin de que votara en favor de la reforma energética para abrir al sector privado la industria petrolera. Cabe destacar que Anaya fue electo diputado federal por la vía plurinominal en las elecciones del 2012, cargo que ocupó hasta 2015 cuando se separó para ser dirigente nacional del PAN.
La FGR asegura que, “según consta en diligencias ministeriales”, el jefe de escoltas del propio Emilio Lozoya, Norberto Gallardo Vargas, le entregó a Anaya los 6.8 millones de pesos en las instalaciones de la Cámara de Diputados, en el año 2014.
