Titular de Camec denuncia que tras su acompañamiento a la abogada Sara “N”, víctima de violencia, ahora el agresor, catedrático de Derecho en la UABJO, ha comenzado una persecución legal en su contra.
La defensora y titular de la Casa de Medio Camino (Camec), Nora García Cancino, denunció amenazas de muerte hechas en su contra por parte de un abogado identificado como Alberto “N”, quien fue defensor del exdiputado por el PRI, Juan Vera Carrizal, acusado de ser autor intelectual del ataque contra la saxofonista María Elena Ríos Ortiz, en septiembre de 2019.
García Cancino relató a EL UNIVERSAL que como parte de su trabajo dio acompañamiento a la abogada Sara “N”, víctima de violencia extrema de género por parte de dicho abogado.
En julio pasado, Sara llegó a trabajar a la Camec —un espacio seguro para mujeres víctimas de violencia extrema que depende del municipio de Oaxaca de Juárez—, tras firmar un contrato de prestación de servicios del programa de Conavim, a través de la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca (SMO).
Tras iniciar su trabajo en el refugio, Sara fue amenazada por su expareja para que dejara de trabajar. Fue la directora del espacio quien le recomendó que denunciara al abogado y agresor en caso de que algo le pasara. Sin embargo, la intimidación contra Sara no cesó.
En entrevista, la directora del Camec expresa que poco después ella también comenzó a ser objeto de amenazas por parte del hombre, quien fue pareja de Sara por 20 años. El agresor tiene un despacho y es catedrático de Derecho en la UABJO.
“Te van a encontrar muerta en el fondo de un barranco, lo mismo que a la licenciada Nora”, decía el abogado en sus amenazas. Asimismo, el hombre exigía que Sara dejara de trabajar en la Camec, pues la influenciaban y le prometió un empleo en la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) como directora de Averiguaciones Previas. Ella se negó.
Otra víctima
Luego de estas amenazas, el 19 de septiembre de este mismo año, una de las tres hijas de Sara confesó haber sufrido delitos sexuales por parte de uno de los hijos de Alberto “N”. Después de conocer los hechos, Sara encaró a Alberto “N” y como respuesta el sujeto la golpeó.
“Ella tuvo que salir de donde vivía con Alberto y, ante la falta de un espacio digno dónde resguardarse, acudimos en su auxilio resguardándola en mi domicilio particular con su hija y su padre de 92 años”, cuenta Nora, quien agrega que Sara y su familia recibieron atención médica, legal y sicológica.
Días después de los hechos, Nora fue informada sobre la existencia de dos carpetas de investigación, una en su contra por corrupción de menores y abuso sexual, y otro en contra de Sara por violencia familiar.
Tras negar las acusaciones en su contra, Nora sostiene que han documentado, junto con Sara y su hija, las víctimas, las agresiones cometidas en su contra, por “violencia de pareja en todas las modalidades”. En tanto, Sara tiene como prueba las marcas que las múltiples lesiones físicas dejaron en su piel.
Múltiples amenazas
Pero no son las únicas violencias. Nora relata que Maribel P. S., abogada e hija del denunciado, amenazó y pretendió chantajear al personal directivo del gobierno de la ciudad con exhibir fotografías y videos del supuesto abuso sexual en contra de la hija menor de Sara en una fiesta, hecho que nunca sucedió.
También amenazó con exhibir datos personales, fotos y videos de usuarias del refugio, extraídos del teléfono de Sara, que le fue robado por el agresor.
Por las acciones intimidatorias de la familia del abogado Alberto “N”, el juzgado de control del Distrito Judicial en Valles Centrales inició el cuaderno de antecedentes 296/2022.
Mientras que Nora García interpuso una denuncia por probables hechos de corrupción ante la Fiscalía Anticorrupción de Oaxaca, atribuibles a personal adscrito a la propia Fiscalía General del Estado, al otorgar en un archivo editable la denuncia presentada por Maribel P. S.
Faltan protocolos
Por casos como el de Sara, el Grupo de Estudios Sobre la Mujer (GESMujer) Rosario Castellanos, dedicado a documentar las expresiones de violencia feminicida, señala que en la fiscalía de Oaxaca es urgente la aplicación de protocolos con perspectiva de género, recursos suficientes para investigar los casos y voluntad política para dimensionar esta grave problemática. “Son las deudas que la FGEO tiene para con las víctimas, sus familias y con la sociedad en general”, dice.
