Supremo de Guatemala se aproxima a los 2 años sin renovarse tras 'cooptación'

Supremo de Guatemala se aproxima a los 2 años sin renovarse tras 'cooptación'
EFE / El Tiempo de Monclova

La congresista Gutiérrez subrayó que el país vive "una crisis de Estado provocada por redes y estructuras criminales, donde esos tres poderes están alineados".

Ciudad de Guatemala,- La fallida elección de jueces y magistrados del Organismo Judicial y de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Guatemala está próxima a cumplir dos años sin renovarse tras una supuesta "cooptación" aliada al poder, indicaron este miércoles analistas, exmagistradas y diputadas.

A una semana de llegar a la barrera del segundo aniversario sin recambio, que debió darse el 13 de octubre de 2019, diversas personalidades especialistas del sistema judicial y sus reformas esgrimieron que la compleja elección de jueces acerca al país centroamericano a un "Estado fallido" ante la vista de un Congreso cómplice y una sociedad paralizada.

Un proceso plagado de ilegalidades, con amparos y acciones legales ante el máximo tribunal, la Corte de Constitucionalidad y una táctica dilatoria fueron los temas a debatir en un foro organizado por el Movimiento Pro Justicia, un consorcio donde confluyen organizaciones de la sociedad civil que luchan contra la impunidad en Guatemala, y llamado "Dos años sin renovación de cortes, implicaciones para el sistema de justicia".

A este acudieron la exmagistrada Claudia Escobar, que en 2014 denunció ilegalidades del proceso de elección de cortes de ese año; además de la diputada Sonia Gutiérrez Raguay, del partido fundado por la Premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú, y las activistas Eleonora Muralles y Carmen Aída Ibarra.

Escobar, quien abandonó Guatemala tras sus denuncias, aseguró que las comisiones de postulación, incluso, "han sido cooptadas por el crimen organizado" y enfatizó que "un país sin justicia es un país con un Estado fallido controlado por las mafias".

La diputada forma parte del bloque opositor que aglutina a más de 60 parlamentarios de diversas bancadas y que tratan de hacer frente a una alianza oficialista encabezada por el partido oficial, Vamos por una Guatemala Diferente, que preside el Legislativo a través de Allan Rodríguez, uno de los alfiles del presidente Alejandro Giammattei.

Gutiérrez consideró que el país ha "tocado fondo por el nivel de acaparamiento y cómo han utilizado a los diputados y diputadas del Congreso como simples operadores frente a todo lo que deben hacer de beneficio a la población".

La exmagistrada y la congresista coincidieron en que la ciudadanía debe ejercer "presión y esfuerzos de incidencia" y Gutiérrez consideró que el país ha "tocado fondo por el nivel de acaparamiento y cómo han utilizado a los diputados y diputadas del Congreso como simples operadores frente a todo lo que deben hacer de beneficio a la población".

Además, la también periodista Carmen Aída Ibarra apuntó que "la estrategia de esta alianza (oficialista) son operadores de justicia sin ética, con muchos compromisos políticos y sin independencia".

La elección de los 230 jueces del Organismo Judicial debió realizarse en octubre de 2019 pero se ha pospuesto debido a varios recursos judiciales, a las investigaciones del Ministerio Público con el caso 'Comisiones Paralelas 2020' y a la negativa de la mayoría de diputados del Congreso a llevarla a cabo.

La designación se debió llevar a cabo en octubre de 2019 pero fue suspendida luego de que la Fundación Myrna Mack, una ONG que trabaja por la transparencia en el sector justicia, interpusiera un recurso legal debido a que había observado irregularidades en el proceso de la comisión de postulación de magistrados en septiembre de ese año.

La solicitud fue avalada por la Corte de Constitucionalidad, el máximo tribunal del país, que ordenó repetir ciertos procedimientos en la comisión de postulación.

Posteriormente, ya en febrero de 2020, cuando se avanzaba a una posible elección de jueces y magistrados, la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público realizó una exhaustiva investigación y documentó intentos de amaño del proceso y solicitó el desafuero a varios de los jueces y congresistas involucrados.

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