Julio César Serna Chávez, extitular de la Central de Abasto y cercano colaborador de Miguel Ángel Mancera, solicitó dos amparos, uno contra la prisión preventiva justificada que le fue impuesta, el congelamiento de sus cuentas y otro, contra el aseguramiento de un inmueble de su propiedad.
El primer amparo aún no ha sido admitido por el juez Segundo de Distrito de Amparo en materia Penal en la Ciudad de México, a quien le correspondió conocer la demanda del exjefe de gabinete de Mancera cuando era Jefe de Gobierno de la capital.
Esto, debido a que no señaló qué cuentas bancarias fueron las que le inmovilizaron, razón por la que el juez no puede pronunciarse sobre la suspensión que solicitó y, en consecuencia, sobre la admisión de la demanda.
"El justiciable fue omiso en señalar que cuentas bancarias fueron sujetas a las medidas cautelares reclamadas, así como la institución financiera que pertenecen y en donde fueron aperturadas dichas cuentas; requisitos que, a criterio de este juzgador, son indispensables para poder proveer respecto de la suspensión que solicita", señaló el juzgador. Por ello, le dio cinco días para que aclare por escrito las cuentas bancarias que busca descongelar con el amparo, el banco al que pertenecen y el lugar donde fueron aperturadas.
De no hacerlo, el juez puede admitir la demanda pero no tomará como acto reclamado el bloqueo de cuentas señalado por Serna.
Serna Chávez es acusado por supuesto enriquecimiento ilícito, razón por la que fue detenido y vinculado a proceso.
La acusación contra Serna Chávez derivó de la información aportada por Miguel Ángel Vásquez Reyes, ex subsecretario de Administración y Capital Humano del gobierno de Mancera, investigado por actos de corrupción, quien solicitó a la Fiscalía capitalina ser testigo colaborador.
Vásquez Reyes señaló a la Fiscalía que Serna Chávez, uno de los ex funcionarios más cercanos al ex jefe de gobierno capitalino, estuvo involucrado en un desvío de casi mil millones de pesos.
La segunda demanda presentada por el ex funcionario ya fue admitida a trámite por el mismo juez Segundo de Distrito quien le negó la suspensión provisional con la que Serna buscaba liberar el inmueble que permanece asegurado por las autoridades capitalinas en la colonia Nápoles.
"No ha lugar a conceder la suspensión provisional solicitada, toda vez que a criterio del que aquí provee, de concederse se contravendrían disposiciones de orden público e interés general, ya que como lo indica la parte quejosa ese bien inmueble pudiera constituir el producto u objeto de un delito, respecto de lo cual la sociedad está interesada en que las autoridades competentes investiguen persigan y, en su caso, sancionen a los responsables.
"Lo anterior es así, pues de concederse la suspensión provisional se seguiría un posible perjuicio al interés social, ya que, de ser el caso, podría interferir en la debida integración de una averiguación previa y/o carpeta de investigación de un delito, al ponerse en riesgo la pérdida de indicios que pudieran estar relacionados directamente con los hechos indagados; lo que responde a disposiciones de orden público, pues el aseguramiento de bienes, como técnica de investigación, tiene como objetivo garantizar el correcto esclarecimiento de hechos posiblemente delictuosos, por lo que debe privilegiarse el referido interés social, sobre el interés particular", indicó el juzgador.
