El Grupo de Trabajo para la Transición Hacendaria, que coordina el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar (Morena), se reunió con expertos en materia educativa, con el fin de conocer sus posturas sobre las necesidades presupuestarias de ese sector.
En el encuentro virtual, Alejandra Macías Sánchez, especialista del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, advirtió que más de 62 mil planteles de educación básica no tienen ni un lavamanos, por la que "se requieren 10 mil millones de pesos para enfrentar esta situación".
Adriana Hernández Hortiales, enlace técnico del Grupo de Trabajo para la Transición Hacendaria, comentó que el espacio fiscal donde se puede aplicar la política pública solamente representa el 10 por ciento del gasto programable; sin embargo, es necesario garantizar la educación superior para la población y que no está presupuestada.
Abundó que para que los alumnos puedan retornar a las escuelas de manera segura es importante que haya un buen nivel de inversión en infraestructura, superior a otros años, porque se requiere que al menos las instalaciones educativas cuenten con lavamanos.
En su oportunidad, Alice Zahí Martínez Treviño, directora ejecutiva de Análisis de Gasto Federalizado, del Coneval, aseguró que por la pandemia las brechas en materia educativa se van a profundizar, "debido a que muchos alumnos requieren de apoyo para uniformes, tabletas, transporte, alimentación y salud, lo cual se ha perdido al estar desvinculados del sistema educativo presencial".
Carmen Enedina Rodríguez, directora general de Educación Superior de la SEP, consideró que "es importante que se retomen los fondos para que se recapitalicen los fideicomisos de pensiones", mientras que Tania de la Garza, especialista en evaluación, propuso que haya un aumento de recursos para el Consejo Nacional de Fomento Educativo, "a fin de que atienda a este sector en el contexto del COVID".
Alfonso Ramírez Cuéllar, explicó que las propuestas permitirán avanzar en la redacción final de lo que será el capítulo relativo a la educación en todos los niveles, en un documento que será postulado para integrar el PEF 2022.
"El borrador que hoy les damos a conocer es un primer avance que quisiéramos que nos ayudaran a corregir, enriquecer y hacer las observaciones sobre la redacción", agregó.
Al dar lectura al documento sobre los requerimientos de gasto en materia educativa, explicó que el monto para educación en 2021 representa solamente el 3.3 por ciento del PIB, dato inferior a lo recomendado por la UNESCO. "El 98.1 por ciento de la asignación presupuestal se destina a gasto corriente y solamente el 1.9 por ciento es para inversión física, lo que se ha mantenido en los últimos 10 años".
Finalmente, puntualizó que los recursos deben ser orientados a donde más se requieran, no únicamente para gasto corriente, sin incluir el que va al pago de nómina. "Durante el tiempo de pandemia muchas escuelas han sido vandalizadas y no están en las condiciones necesarias para recibir al alumnado".
