La Justicia chilena revocó este martes la prisión preventiva del excarabinero Sebastián Zamora, sindicado como el presunto responsable del empujón que el pasado 2 de octubre arrojó a un adolescente de 16 años al lecho del río Mapocho en el marco de una manifestación contra el Gobierno.
Tras la revisión de las medidas cautelares y acoger los argumentos planteados por la defensa del exuniformado, el Séptimo Juzgado de Santiago decidió poner fin a los cinco meses de prisión preventiva del imputado por homicidio frustrado, decretando en su lugar arresto domiciliario total, arraigo nacional, prohibición de acercarse a la víctima y de portar armas de fuego, municiones o cartuchos.
El Cuerpo de Carabineros de Chile (Policía uniformada) negó en un principio los hechos y planteó la caída del adolescente, pero la viralización de distintos videos en redes sociales que mostraban la secuencia le obligó a abrir una investigación interna y dar de baja al implicado semanas después.
La fiscal a cargo del caso Ximena Chong, no se opuso a la solicitud del cese de prisión preventiva, afirmando que "los antecedentes que existen a la fecha no hacen varias ni los presupuestos materiales del hecho punible, ni la participación ni la necesidad de cautela".
"Esta necesidad de cautela se satisface en esta etapa con una medida cautelar de menos intensidad", señaló Chong.
La defensa, encausada por el exfiscal Alejandro Peña, usó pericias gestomotoras para argumentar que la intención del imputado no era empujar al adolescente, sino atraparlo luego de haber participado en desórdenes callejeros.
La embestida sufrida por el joven, oriundo de la comuna periférica de Puente Alto y ya recuperado de las graves lesiones que sufrió, causó gran conmoción y llevó a la oposición a exigir tanto la renuncia del entonces general director de la Policía, Mario Rozas, como del otrora ministro del Interior, Víctor Pérez.
Ambos a la fecha se encuentran fuera de sus cargos.
La institución de Carabineros lleva meses en el punto de mira por la represión policial ejercida durante las protestas iniciadas en 2019, las más graves desde el fin de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), y diversos organismos internacionales como la ONU, Amnistía Internacional y Human Rights Watch la han acusado de violaciones a los derechos humanos.
La ola de protestas originada en octubre de 2019 se extiende hasta hoy con reflujos de diversa magnitud tanto en la capital como en otras ciudades del país, dejando hasta hoy un saldo de decenas de fallecidos, miles de heridos y cientos de personas con trauma ocular producto de disparos de agentes del Estado chileno.
Según el Ministerio Público, hay más de 4.600 causas abiertas contra las fuerzas de seguridad, pero sólo 75 agentes han sido imputados.
