Autoridades de la Secretaría General de Gobierno (Segego), dependencia estatal encargada de vigilar la gobernabilidad Oaxaca, mantiene una mesa de diálogo desde las 10 de la mañana con habitantes de Río Santiago, agencia municipal de Santiago Textitlán, en la región de la Sierra Sur, que retuvieron a más de 50 funcionarios públicos y elementos de corporaciones de seguridad, como la Policía Estatal y la Guardia Nacional. De acuerdo con información oficial proporcionada por la dependencia a EL UNIVERSAL, se trata 22 elementos en activo de la Guardia Nacional, 14 de la Policía Estatal, adscrita a la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca (SSPO), 14 funcionarios de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), tres de la Segego y uno de la Secretaría de Gobernación (Segob).
Según el informe del Gobierno de Oaxaca, hasta el momento los elementos retenidos se encuentran en buenas condiciones y no han sido desarmados. Tampoco han sido encerrados, se les ha alimentado y pueden deambular libremente por la comunidad; sin embargo, no pueden abandonarla. "No han sido desarmados ni agredidos. Pueden andar libremente, pero no pueden salir. Han recibido alimento, no están encerrados", explicaron las autoridades.
La retención de los funcionarios y elementos de seguridad es resultado de un conflicto político-social que existe entre Río Santiago, Santiago Xochiltepec, otra agencia municipal, y Santiago Textitlán, la cabecera, que tiene su origen en la retención, desde hace cinco años, de los recursos federales que le corresponden a Río Santiago de los ramos 28 y 33. La disputa se agudizó recientemente, pues las autoridades de la cabecera incluso desconocían al agente municipal de Río Santiago, quien acudió a los tribunales y obtuvo una sentencia a su favor y fue acreditado por el gobierno del estado como autoridad auxiliar.
En diciembre pasado habitantes de Xochiltepec atacaron a tiros a la comunidad de Río Santiago, lo que dejó a dos personas asesinadas y desplazamiento forzado de decenas de familias, que se instalaron en el palacio municipal de Textitlán, pues los atacantes incendiaron sus viviendas. Desde entonces, se han firmado cuatro minutas entra las partes en conflicto y en mayo pasado se reportó la retención de policías estatales y la quema de dos patrullas; sin embargo, apenas el pasado 30 de junio se había firmado un acuerdo de paz, por lo que podrían regresar a Río Santiago las familias desplazadas; además, se acordó que se continuarían con las investigaciones y peritajes sobre los actos de violencia de diciembre pasado.
Precisamente el personal de la Fiscalía oaxaqueña, entre peritos y otros especialistas, se trasladó este lunes a la comunidad y se realizaban estas pesquisas, cuando ya no se les permitió salir de Río Santiago; mientras que los elementos de la Policía Estatal y de la Guardia Nacional realizaban recorridos persuasivos, a solicitud de los propios pobladores. Oficialmente los funcionarios y elementos de seguridad llevan retenidos desde el lunes a las 19:45 de la tarde.
Los habitantes que impiden la salida de los funcionarios y elementos de seguridad exigen que las autoridades estatales y federales reconstruyan las casas quemadas en el ataque de diciembre, exigen materiales de construcción como cemento, así como 500 toneladas de maíz y otras ayudas alimentarias. Pero sobre todo, exigen la detención del grupo que incendió las viviendas y obligó al desplazamiento a las familias que aún continúan en la cabecera municipal.
Ante este escenario, una comisión de tres funcionarios de la Secretaría General de Gobierno y una de Segob, se trasladó a la región; sin embargo, al pasar por la comunidad Buena Vista, otra agencia municipal, fueron retenidos por los pobladores, golpeados y encerrados; además, quemaron la camioneta en la que viajaban. Estos funcionarios fueron liberados de dicha comunidad, pero fueron trasladados a Textitlán donde aún siguen en espera de los acuerdos que se alcancen en la mesa interinstitucional que se lleva acabo, confirmó la Segego, dependencia que también informó que Francisco García López, el secretario de Gobierno, y Bernardo Rodríguez Alamilla, titular de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), van en camino a la comunidad, que está unas 6 horas de la capital.
