Después, habrá una serie de reuniones para presentar la propuesta de modificación de leyes federales ante el Senado.
Activistas y mujeres de la sociedad civil se reunieron el 12 de junio pasado en la explanada del templo de Santo Domingo de Guzmán, en la ciudad de Oaxaca, para denunciar a decenas de deudores alimentarios, cuyos rostros quedaron exhibidos en un tendedero.
A través de la página de Facebook Deudores Alimentarios Oaxaca, las denuncias continuaron desde el plano virtual. A la fecha, las activistas estiman que hay 800 mil mujeres oaxaqueñas que asumieron por completo el cuidado y manutención de sus hijas e hijos, mientras que igual número de hombres rehuyó de su responsabilidad.
La iniciativa que surgió en la capital del estado para reclamar los derechos de la niñez a una vida digna, fue replicada en el Istmo de Tehuantepec, así como en la Ciudad de México. El reclamo de miles de madres llegó a las oficinas del Senado, en donde la llamada #LeySabina fue entregada a la legisladora Olga Sánchez Cordero.
En entrevista con EL UNIVERSAL, Diana Luz Vásquez Ruiz, activista que encabeza el movimiento, comenta que la iniciativa surgió con la historia de su hija, pues desde hace cuatro años busca que Sabina reciba pensión alimenticia.
La lucha que desde entonces enfrenta la unió con otras mujeres en situación similar, por lo que pensó en exhibir a los deudores en la búsqueda de justicia.
"Exigir los derechos de las infancias es un problema en este país, pues el Estado obstaculiza el acceso de las mujeres, así como de las y los niños a la justicia", asegura.
Sin embargo, desde el primer tendedero comprobó que sirve más la vergüenza pública que las leyes, pues varios deudores han asumido su responsabilidad desde que fueron exhibidos.
Explica que desde Oaxaca se están impulsando reformas al Código Civil Federal, así como a las leyes General de las Niñas, Niños y Adolescentes y Federal de Salud, a través de normas que garanticen los derechos de menores cuyos padres son deudores alimentarios.
Se trata de la modificación e inclusión de 41 puntos, con la premisa principal de la creación de un registro nacional de deudores alimentarios, además del retiro y suspensión de tarjetas de crédito, así como de otros productos crediticios, la suspensión de trámites de pasaporte, presupuestos para laboratorios de ADN destinados por el Poder Judicial, partir de salarios base y descontar un mínimo de 30% del sueldo a deudores.
"En América Latina la base para descontar la manutención del salario es 30%, mientras que en México se toma en cuenta un parámetro que va desde 15%", precisa.
También promueven la posibilidad de que una tercera persona asista a las convivencias cuando exista riesgo de abuso, y en el caso de los deudores que se declaran como insolventes, que comprueben que buscan trabajo.
Además, que ninguno de los deudores ocupe cargos públicos en ningún orden de gobierno o aspiren a ellos, ya que en el pasado proceso electoral fueron electos políticos que son deudores alimentarios.
Ante la falta de una ley al respecto, las activistas crearon la Patrulla Feminista, un vehículo con el que visitan los domicilios y centros de trabajo de los deudores para exhibirlos.
La iniciativa ha sido replicada en la Ciudad de México y grupos feministas de otros estados, como Jalisco, se preparan para ponerla en acción.
"Sabemos que la propuesta, es como una carta a Santa Claus, pero esperamos que de esta carta se cumplan por lo menos los cinco puntos más importantes para restringir los derechos civiles de los deudores, hasta que éstos cumplan con sus obligaciones", apunta.
Por otro lado, entre los puntos se señala la posibilidad de que las mujeres que exigen la pensión alimenticia a sus exparejas, ya no requieran presentar una demanda para poder reclamar los derechos de sus hijas e hijos.
Tras la reunión con la senadora Sánchez Cordero se definirá el articulado que se propone modificar a fin de garantizar los derechos de las infancias, destaca Vásquez Ruiz.
Después, habrá una serie de reuniones para presentar la propuesta de modificación de leyes federales ante el Senado.
Estas leyes, añade, son necesarias, pues por años se ha ignorado el viacrucis que viven miles de madres de familia que asumen la completa responsabilidad de sus familias.
El Inegi estima que las mujeres mexicanas son obligadas a dedicar 325.5% más tiempo que los hombres a la crianza de la niñez.
En la mayoría de los casos, detalla la activista, las mujeres enfrentan procesos legales de años en los que esperan que los deudores se presenten de manera voluntaria. Ante ello, urgió a implementar un sistema de pruebas rápidas de ADN, que puedan coadyuvar a delimitar las obligaciones económicas y morales de los deudores.
