El padrón de datos biométricos que se aprobó en el Congreso para teléfonos celulares, además de ser inconstitucional puede terminar vendiéndose en el mercado negro, por lo que la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) presentará ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) un análisis en torno al tema.
Por ello elaborará lo que se denomina "amicus curiae", un punto de vista que tiene "la finalidad de aportar elementos técnicos y de valoración a la Suprema Corte que enriquezcan su análisis".
Comentó que "la resolución de la acción de inconstitucionalidad tiene un mayor alcance que los amparos particulares puesto que su resolución favorable tendría efectos generales, lo que beneficiaría a todos los usuarios de telefonía móvil del país".
La Coparmex, que preside José Medina Mora, expuso que el Poder Ejecutivo debe respetar la autonomía del Poder Judicial para que esté "libre de cualquier tipo de presión externa" y resuelva en favor de los mexicanos, sobre todo de 90 millones de personas que cuentan con celular.
Añadió que "México no debe unirse a la lista de países con tendencias autoritarias que obligan por ley al registro de datos biométricos asociados a tarjetas SIM", como ocurre en Afganistán, Arabia Saudita, China, Emiratos Árabes Unidos y Venezuela, entre otros.
Afirmó que bajo la legislación actual los mexicanos que no se inscriban en el Padrón y den sus datos biométricos dejarán de tener el servicio telefónico.
El otro problema es que "un mal uso de ellos podría derivar en un daño irreparable. Ese riesgo es latente porque con esa información se creará una base de datos masiva y gestionada de forma centralizada, lo que la hace susceptible de hackeos o filtraciones que vulneraría gravemente a los usuarios. La base de datos podría terminar peligrosamente vendiéndose en el mercado negro".
