Opositores cubanos denuncian penas a acusados de vandalizar estatuas de Martí
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) condenó este viernes las sanciones de 15, 9 y un año de prisión impuestas en la isla caribeña a Panter Rodríguez Baro, Yoel Prieto Tamayo y Jorge Ernesto Pérez García, acusados de vandalizar varias estatuas del héroe nacional cubano José Martí.
Los tres hombres fueron juzgados el 21 de diciembre de 2020 en un proceso oral y público y se les imputaron los delitos de "difamación de las instituciones y organizaciones y de los héroes y mártires, de carácter continuado, y de daños a bienes del patrimonio cultural", según informó el martes el Tribunal Provincial Popular de La Habana.
"Esta es la condena más alta impuesta a un acusado en una causa con visos políticos desde la Primavera Negra de 2003", señala el OCDH en un comunicado en el que condena el "ensañamiento contra quienes disienten en Cuba" y advierte de la "espiral represiva que hemos venido denunciando en los últimos meses".
Según Alejandro González Raga, director ejecutivo del OCDH, con esta acción "el Gobierno cubano viola las Reglas Mínimas de Naciones Unidas para el tratamiento a los reclusos o Reglas Mandela, aprobadas en la Resolución 70/175 de la Asamblea General, el 17 de diciembre de 2015, en cuanto a someter a un recluso a tratos o penas, crueles, inhumanos o degradantes".
El Tribunal dio por probados los hechos ocurridos en la madrugada del 1 de enero de 2020, cuando Rodríguez y Prieto, "puestos de común acuerdo para desacreditar la imagen de José Martí", comenzaron a derramar sangre de cerdo sobre bustos y pancartas del héroe nacional y próceres de la Revolución que se encontraban en las vías públicas.
La sentencia precisa que entre ellos estaba un busto del político, pensador, escritor, periodista, filósofo y poeta José Martí (1853-1895) situado en la entrada del edificio de la revista Bohemia, declarado patrimonio cultural de la nación cubana.
En el comunicado, el OCDH hace especial hincapié en el proceso judicial a Rodríguez Baró, que considera "repleto de irregularidades" y en el que se aprecia "el propósito de agravar injustificadamente las acusaciones sobre el acusado".
Igualmente, la extrema sanción aplicada de 15 años de privación de libertad demuestra, según el organismo, "un ensañamiento notorio por razones políticas, en una causa que forma parte del embate actual contra la libertad de expresión en Cuba".
Por todo ello, el OCDH demanda "la inmediata liberación" de Rodríguez Baró, Prieto Tamayo y Pérez, y solicita el pronunciamiento de organizaciones de derechos humanos, gobiernos y otras instituciones del mundo "ante la condena por razones políticas más alta desde 2003", finaliza el comunicado.
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