El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, dijo que no es remoto que para el próximo año existan recursos federales, que mezclados con aportaciones estatales, se pueda iniciar con un programa de basificación de trabajadores de contrato y precarios del sector salud.
Pero aclaró que no es posible que en su presupuesto para el 2022, el gobierno del estado pueda canalizar 514 millones de pesos solo a este concepto, puesto que se tienen muchas prioridades en otros sectores y la responsabilidad de otorgar las plazas a este personal es competencia del gobierno federal.
El ejecutivo estatal externó que su compromiso es entrar a un proceso paulatino de basificación con un apoyo estatal que se mezcle con los recursos federales que se destinen a este fin, a fin de avanzar más rápido.
Rocha Moya apuntó que no puede adelantar que monto de recursos estatales puede aportar el próximo año, puesto que están elaborando la iniciativa de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos que va enviar al Poder Legislativo.
Manifestó que las prioridades son muchas en diversos sectores, entre ellos la salud, la pesca, las personas discapacitadas, la agricultura, entre otros, por lo que no es viable que se pueda hacer una aportación tal alta.
Los trabajadores de contrato y precarios que mantienen manifestaciones en hospitales de siete municipios, en una reunión con el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, diputado Feliciano Castro Melendrez, plantearon iniciar con la otorgación de dos mil plazas laborales.
José Luis Castro Montañez, dirigente de la Sección XVIII del Sindicato del Sistema Nacional de Salud, comentó que se tiene un registro de tres mil 200 trabajadores de contrato y precarios, de los cuales mil 600 registran una antigüedad de más de siete años, con los que se debe iniciar el proceso de asignación de plazas.
Puntualizó que conocen que este año fiscal, se etiquetaron recursos federales a nivel nacional para la contratación laboral del personal de contratos y precarios, sin que se conozca cuantos recursos se canalizaron a Sinaloa para la basificación.
También recordó que está pendiente el dictamen sobre los 400 movimientos laborales que realizaron las anteriores autoridades estatales, en las que favorecieron a muchas personas sin antigüedad, ni derechos, por lo que se deben cancelar las plazas.
