Los detalles en la transición de modelos de contratación en México jugarán un papel importante en la estabilidad de las finanzas públicas y la recuperación de empleos abatidos por la pandemia del covid-19.
Con la prohibición del outsourcing, se tiene que revisar muy puntualmente el lapso y los procesos de adecuación. Se requiere de un periodo de al menos seis meses para que las empresas adapten su sistema administrativo a la nueva legislación, advierte en un comunicado ManpowerGroup, empresa especializada en subcontratación.
Un cambio tan significativo para los esquemas lícitos de contratación en México no puede darse con miras al corto plazo, porque este tipo de decisiones afectan directamente la competitividad del país para atraer inversiones, que al final son la materia prima para la creación de empleos.
"La entrada en vigencia de las nuevas disposiciones tanto para el sector público como privado necesitan hacerse de manera paralela, porque este esquema existe en ambos sectores, por lo que lo más apropiado es que ambas entren en vigor el mismo momento, el primero de enero del 2022", detalló Héctor Márquez, director de relaciones institucionales de ManpowerGroup.
Brindarle el tiempo suficiente de transición ayudaría a las organizaciones a evitar modificaciones aceleradas y de respuesta inmediata en sus ejercicios fiscales. En particular para que las empresas que de manera legal mantienen contratos de subcontratación de personal logren adecuarse evitando la informalidad.
"Para las empresas de capital humano en el ejercicio de sus responsabilidades fiscales, es necesario que quede plasmado en la ley que se podrá dar cumplimiento a sus contratos y seguir facturando el concepto para lo que resta del 2021, también por esta razón es importante justificar y razonar en torno al tiempo de transición", explicó Héctor Márquez.
Simplemente el año pasado las empresas socias de Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano, a la que pertenece ManpowerGroup, aportó al IMSS más de 3 mil 300 millones de pesos, y generaron empleo formal para 600 mil personas. Empresas que invierten en el país más de 30 mil 500 millones de pesos anuales.
