El periodista-empresario Miguel Mora se convirtió hoy en el quinto aspirante a la Presidencia de Nicaragua por la oposición en ser arrestado
CIUDAD DE MÉXICO,- El gobierno mexicano llamó a consulta al embajador nacional en Nicaragua, Gustavo Alonso Cabrera Rodríguez, ante las "acciones políticas legales" realizadas en los últimos días por la administración del presidente Daniel Ortega con opositores, activistas y empresarios.
En un comunicado, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que tanto el gobierno mexicano como el argentino, llamaron a consultas a sus respectivos embajadores ante medidas tomadas por Nicaragua que, señala el texto, "han puesto en riesgo la integridad y libertad de diversas figuras de la oposición (incluidos precandidatos presidenciales), activistas y empresarios nicaragüenses".
El periodista-empresario Miguel Mora se convirtió hoy en el quinto aspirante a la Presidencia de Nicaragua por la oposición en ser arrestado, cuando faltan menos de cinco meses para las elecciones generales, en las que Ortega busca una nueva reelección.
Argentina y México, indica el comunicado, "se mantendrán atentos a la evolución de los acontecimientos relacionados con la hermana República de Nicaragua y seguirán promoviendo inequívocamente el pleno respeto y promoción de los derechos humanos, las libertades civiles, políticas y de expresión de toda persona, con independencia de su nacionalidad y/o profesión".
Ambos gobiernos, señala el texto de Cancillería, reiteran "su disposición plena para colaborar constructivamente en la promoción del diálogo para que sean las y los propios nicaragüenses, quienes superen esta situación por la vía pacífica, respetando la división de poderes, el respeto a las minorías, las garantías constitucionales y, en general, el pleno respeto al estado de Derecho y todos los derechos humanos".
Además de los cinco aspirantes presidenciales, la Policía ya ha detenido también a dos empresarios, dos ex vicecancilleres, cuatro activistas opositores y dos excomandantes guerrilleros disidentes del gobernante Frente Sandinista.
El gobierno, a través de la Fiscalía, acusa a los opositores detenidos de cometer delitos como "financiamiento al terrorismo, injerencia extranjera y traición a la patria", y de haber apoyado un "fallido golpe de Estado" a través de las protestas sociales que estallaron en abril de 2018.
