POLONIA, 20 dic.
La cadena de televisión TVN anunció este lunes en sus redes sociales que ha reunido 2,3 millones de firmas para reclamar al presidente del país, Andrzej Duda, que vete la reforma de la ley de medios impulsada por el Gobierno.
La ley, aprobada recientemente por el Parlamento polaco, fue rechazada en el Senado, cámara en la que el Ejecutivo no tiene mayoría, y ahora depende del presidente Duda para que finalmente entre o no en vigor.
En las principales ciudades polacas tuvieron lugar manifestaciones contra la reforma de dicha ley durante el fin de semana y en Varsovia miles de personas se congregaron frente al Palacio Presidencial.
La nueva norma tiene como objeto impedir funcionar en Polonia a medios no pertenecientes a un país del Espacio Económico Europeo, lo que afecta exclusivamente al canal de televisión TVN, de propiedad estadounidense y conocido por su información crítica con el Gobierno.
Además de las firmas recogidas en su petición en línea, TVN ha conseguido el apoyo de todos los medios de comunicación importantes del país, con la excepción de la cadena estatal TVP.
El embajador en funciones de Estados Unidos en Polonia, Bix Aliu, afirmó recientemente en sus redes sociales que su país estaba "extremadamente decepcionado" por la aprobación de la llamada "Ley anti TVN" y pidió a Duda que "actúe de acuerdo con sus declaraciones previas y use su liderazgo para proteger la libertad de expresión".
Según el primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, la nueva ley no está dirigida contra TVN en particular, y se trata de una medida contra "amenazas híbridas y de desinformación" que podrían darse en caso de que un Gobierno hostil, como China o Rusia, se hiciesen con medios polacos.
El jefe del partido gubernamental polaco, Jaroslaw Kaczynski, afirmó que esta reforma legal disuadirá a los "narconegocios" comprar medios de comunicación que operen en Polonia para "lavar dinero sucio".
TVN, propiedad del grupo estadounidense Discovery, es el mayor canal de televisión privado de Polonia.
En 2018 fue multado por el Gobierno con unos 330.000 euros, la sanción económica más alta de la historia de la democracia polaca impuesta contra un medio, por "promover comportamientos violentos e ilegales" al emitir imágenes de manifestaciones frente al Parlamento.
