Las vistas orales comenzadas hoy en la CIJ continuarán este jueves con la intervención de los abogados de Kampala
La Haya,- La República Democrática del Congo (RDC) reclamó este martes ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) que Uganda le pague miles de millones de euros por las masacres y los daños materiales que causó cuando invadió el país vecino durante la Segunda Guerra del Congo, entre 1998 y 2003.
“La República Democrática del Congo tuvo que empezar prácticamente desde cero después de la invasión armada de Uganda”, aseguró el representante de ese país ante la CIJ, Paul-Crispin Kakhozi, quien aseguró que los daños fueron “de una magnitud inconmensurable”.
La abogada representante de la RDC Muriel Ubéda-Saillard hizo un largo listado de los daños directos sufridos por la población congoleña en términos de “pérdidas de vidas humanas, torturas, violaciones, reclutamiento de niños soldado y desplazamiento forzoso de la población”.
Así mismo, recordó las enfermedades venéreas contraídas por las mujeres que sufrieron abusos sexuales durante la invasión.
La letrada pidió que Uganda pague más de 4.350 millones de dólares (más de 3.600 millones de euros), que se destinarían a un fondo para “las víctimas y sus beneficiarios para asistirles en rehabilitaciones individuales y en reconstruir la sociedad congoleña”.
Esa cantidad es solo una parte de los miles de millones que la RDC reclama a Uganda, pues la suma total, que está aún por determinar, incluye los daños contra bienes materiales, la explotación de los recursos naturales congoleños por parte de las autoridades ugandesas o los impuestos que se le cobraron a la población local en los territorios ocupados.
Las vistas orales comenzadas hoy en la CIJ continuarán este jueves con la intervención de los abogados de Kampala, que tendrá la posibilidad de defenderse.
La RDC llevó en 1999 las consecuencias de la Segunda Guerra del Congo a la CIJ, que falló en 2005 que “la intervención militar ilegal de Uganda fue de tal magnitud y duración” que supuso “una grave violación de la prohibición del uso de la fuerza” expresada en la Carta de las Naciones Unidas.
Los jueces concluyeron en el mismo veredicto que oficiales y soldados del ejército ugandés estuvieron involucrados en el saqueo y la explotación de los recursos naturales de la RDC. No obstante, no encontraron pruebas suficientes para concluir que se tratase de parte de la política gubernamental de Kampala.
Así mismo, los magistrados determinaron que la RDC violó la Convención de Viena por los ataques que la embajada de Uganda sufrió en Kinsasa durante la guerra.
Las conversaciones de los últimos quince años entre ambos países para determinar las cuantías de las indemnizaciones no llegaron a buen puerto, razón por la cual es la CIJ la que establecerá las cantidades a pagar.
