El caso fue investigado por las otrora Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad de la Corrupción de Honduras.
Tegucigalpa,- Un tribunal hondureño dio inicio este lunes al juicio oral en contra de seis personas acusadas por presuntas irregularidades en el otorgamiento de la concesión de un proyecto hidroeléctrico al que se oponía la ambientalista Berta Cáceres, asesinada en 2016.
El poder Judicial de Honduras indicó que el proceso se celebra en el Tribunal de Sentencia en Materia de Corrupción de Tegucigalpa, en cuyas inmediaciones se manifiestan indígenas de la etnia lenca en protesta por la exclusión del caso del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh).
Se trata del caso denominado "Fraude sobre el Gualcarque", por el que en 2019 fueron acusadas más de una decena de personas, entre ellas el exviceministro hondureño de Recursos Naturales y Ambiente Darío Roberto Cardona y el exgerente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) Roberto Martínez Lozano.
Todos son acusados de corrupción y conexos en actos para la aprobación de permisos y licencias para desarrollar el proyecto de la hidroeléctrica Agua Zarca, en el río Gualcarque, según el Copinh.
El caso fue investigado por las otrora Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad de la Corrupción de Honduras (Ufecic) y la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih), que dependía de la Organización de Estados Americanos (OEA).
"La comunidad indígena de Río Blanco una vez más ve violentados sus derechos. Ahora el Estado de Honduras niega la condición de víctima a quienes han sufrido de la violencia y muerte del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca", indicó el Copinh, organización fundada por Cáceres, quien fue asesinada el 2 de marzo de 2016 en su casa de la ciudad de La Esperanza, occidente hondureño.
FALLA SISTEMA DE JUSTICIA
Señaló que el artículo 17 del Código Penal "nos da el derecho a participar como víctimas en este proceso, al ser la comunidad y la organización directamente afectadas por la corrupción de dicho proyecto".
"Los convenios y los estándares internacionales reconocen a las víctimas de los casos de corrupción. El sistema de justicia de Honduras ha fallado una vez más a las comunidades indígenas", añadió.
Alrededor de 70 organizaciones solicitaron a inicios de agosto al poder Judicial que resolviera el recurso de amparo presentado por el Copinh antes del inicio del juicio por el fraude del río Gualcarque.
La empresa Desarrollos Energéticos (Desa) impulsaba la construcción en territorio de la etnia lenca de la hidroeléctrica Agua Zarca, a la que se oponía Berta Cáceres por considerar que causaba daños al medioambiente.
El Copinh afirmó que los permisos y licencias "fraudulentas" que permitieron el funcionamiento del "ilegal proyecto Agua Zarca, son el origen del asesinato de Berta Cáceres", por los que los funcionarios públicos responsables de aprobar la concesión "deben ser condenados por estos crímenes".
La organización indígena demanda que sean "enjuiciados y condenados todos los beneficiarios del fraude del proyecto Agua Zarca" y exige que el "sagrado río Gualcarque sea liberado".
Además, la cancelación de "manera inmediata y definitiva" de la concesión "ilegal" que ha "oprimido" al ''río Gualcarque" por más de una década.
El hondureño Roberto David Castillo, un ejecutivo de Desa, fue declarado culpable el 5 de julio por el Tribunal de Sentencia como coautor del asesinato de la ambientalista, crimen por el que su familia y el Ministerio Público han solicitado la pena máxima de cárcel, 25 años.
