Sergio García Ramírez, Expresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reconoció la labor del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), y lo calificó como un "baluarte del Estado de Derecho que debe respetarse, protegerse y conservarse".
En la inauguración del foro Transparencia y Estado de Derecho: El derecho de acceso a una justicia abierta, el también jurista sostuvo que las determinaciones y orientaciones del INAI son fundamentales para la debida justicia en México.
En el acto virtual convocado por el INAI, en el marco del Día de las y los Abogados, García Ramírez planteó que los órganos autónomos juegan un rol protagónico en el Estado de Derecho, por lo que deben ser preservados y respetados por los otros poderes, en los términos previstos por la Constitución.
"Es conveniente que los órganos autónomos retengan estas facultades y puedan ejercerlas con plenitud. Entre ellos, desde luego, el Instituto que ahora se ocupa del acceso a la información y la custodia de los datos personales. El INAI, con otros órganos, es un baluarte del Estado de derecho. Conservémoslo, protejámoslo, respetémoslo y hagamos caso de sus determinaciones y orientaciones, que son fundamentales para la preservación del Estado de derecho y también para la debida justicia".El extitular de la CIDH, advirtió que sin la independencia de los órganos autónomos, siempre se corre el riesgo de que haya una "concentración desmesurada de poder".
"Necesitamos seguir luchando arduamente por el rescate del Estado de Derecho y por su plenitud de lo que es y significa en la vida de todas las personas, centrándonos, siempre, en el riesgo de que se extravíe de ese Estado de Derecho, a través de una concentración desmesurada del poder y una reducción práctica en el ejercicio de los derechos y las libertades de los individuos", puntualizó.
En el acto también participó la Comisionada Presidenta del INAI, Blanca Lilia Ibarra Cadena, quien aseguró que parte de la justicia abierta es la ampliación de mujeres abogadas en el país, una carrera que por muchos años se pensó era solo para varones.
"Esta situación se ha revertido al grado de que, en 2019, por ejemplo, la mitad de las personas graduadas de Derecho en la UNAM fueron mujeres", expresó.
Por su parte, Julio César Bonilla Gutiérrez, Coordinador de los Organismos Garantes de las Entidades Federativas del Sistema Nacional de Transparencia (SNT) y Comisionado Presidente del Info CDMX, sostuvo que la justicia abierta es sinónimo de derechos humanos y su garantía.
"Hoy, los derechos humanos, la democracia y su desarrollo, tienen que ver de manera ineludible con el estado actual de cualquier República y el costo material de no tener transparencia es mucho más elevado que su consolidación. Debemos tener claro el cambio de paradigma, es un hecho irreversible, la cultura del secretismo, la opacidad, la ausencia de rendición de cuentas debe terminar. En pleno siglo XXI nadie debe escapar a la transparencia", enfatizó.
Ana Laura Magaloni Kerpel, Académica del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), consideró que la falta de acceso a la justicia, "perpetúa la pobreza en México", por lo que es urgente fortalecerla en todos los ámbitos de la vida pública nacional.
"¿Cuántas cosas cambiarían en México si las personas que históricamente han sido marginadas y excluidas pudiesen experimentar en su vida cotidiana el halo protector de la ley?, una ley que cuida, que garantiza sus derechos, que protege a los que siempre se los han fregado; este halo protector de la ley ahí donde la ley sólo castiga, es clave para recobrar el sentido de comunidad, en donde la violencia se lo ha robado todo. Eso sólo es posible si se garantiza transversalmente el derecho de acceso a la justicia", opinó.
Finalmente, Claudia Elena De Buen Unna, Presidenta de la Barra Mexicana de Abogados, recomendó implementar mecanismos que acerquen más al ciudadano con los organismos de procuración de justicia.
"Es necesario que la explicación que se da en los acuerdos, en las sentencias interlocutores, en las definitivas sea más accesible, mucho menos técnica, sobre todos los asuntos en los que hay niños, indígenas, hay personas con alguna discapacidad, hay personas que no conocen el lenguaje. Entonces tiene que ser comprensible", puntualizó.
En el foro contó participaron más de una docena de destacados juristas, entre ellos José Antonio Caballero integrante del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE); Paula García Villegas Sánchez Cordero, Magistrada del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito de la Ciudad de México; Ana Cárdenas González de Cosio, investigadora del World Justice Project, y Areli Cano Guadiana, Directora General de Transparencia de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
