Abogados, organismos empresariales y representantes de diversas organizaciones que conforman el movimiento "Guardianes de la Constitución" advirtieron que habrá amparos contra el acuerdo por el cual el Ejecutivo dará celeridad a aquellos proyectos públicos al considerarlos de interés público y seguridad nacional.
Por ello, juristas de diversos organismos del sector privado y académico expusieron que esto puede llevar a que se inicien amparos en contra de dicho acuerdo.
El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), José Medina Mora, explicó que a pesar de que el gobierno en turno debe guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes que de ella emanan, "por desgracia, en los 36 meses que acumula ya el actual gobierno han sido múltiples las iniciativas de leyes, de reformas, de políticas públicas y de acuerdos presidenciales que atentan contra el espíritu y contenido de la Carta Magna".
Medina Mora dijo lo anterior en el "Foro Acciones para salvaguardar tus derechos, contención al acuerdo presidencial en materia de obras públicas", el cual se publicó el 22 de noviembre pasado denominado "Acuerdo por el que se instruye a las dependencias y entidades de la administración pública federal a realizar las acciones que se indican en relación con los proyectos y obras del gobierno de México considerados de interés público y seguridad nacional, así como prioritarios y estratégicos para el desarrollo nacional".
El presidente de la Consejo Directivo de la Asociación Nacional de Abogados de Empresas, Colegio de Abogados (Anade), Moisés Castro Pizaña, afirmó: "Se podrían promover acciones de inconstitucionalidad, incluso, se podría cuestionar por las minorías en las cámaras de diputados y senadores que no estuvieran de acuerdo porque consideraran que eso violenta la Constitución".
El problema es que con este acuerdo "se quieren brincar toda vía constitucional que debería tener cualquier modificación o impacto en una determinación de esta envergadura como es que los proyectos del gobierno federal quedan excluidos de la revisión que deben tener estos proyectos por ley".
La presidenta del Consejo Directivo de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, Claudia de Buen Unna, coincidió en que "pueden promover un amparo aquellas personas que sientan que han sido afectadas de una u otra manera con este acuerdo.
"Es decir, por el tema de la competencia desleal porque se va a elegir a dedazo, a quien va a llevar a cabo estas obras y no a quien de la mejor oferta o sea el mejor calificado para ello, entonces sí, creo que nos vamos a inundar de amparos".
Los momentos para presentar el recurso de amparo es cuando se publique el acuerdo o 30 días hábiles después, por parte de aquellos a quienes se afectaron por esta publicación.
O también cuando se realice una asignación directa de la obra a una empresa, en detrimento de otras que pudieron participar pero que no lo hicieron porque no hubo concurso.
Al respecto, el presidente del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), Ángel García Lascurain, dijo que "ello eleva el riesgo de corrupción y abona al clima general de incertidumbre que ha venido afectando la inversión productiva".
Comentó que también ello provoca incertidumbre porque "las acciones de política pública ponen en duda la continuidad del Estado de derecho, el equilibrio de poderes en nuestro país, afectan aún más este entorno económico y elevan el riesgo de que nuestra economía tarde mucho más en recuperarse de la crisis, con el consecuente impacto negativo sobre el bienestar de los mexicanos".
En este movimiento denominado Guardianes de la Constitución participan la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), la ANADE, Consejo Directivo de la Barra Mexicana de Abogados, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y del Observatorio Nacional para el Respeto y Cumplimiento de la Constitución.
