El Gobierno colombiano estableció un nuevo protocolo para la intervención de la Policía en las protestas ciudadanas que incluye la prohibición del uso de armas de fuego por parte de los uniformados, ante las críticas recibidas por la acción de la fuerza pública en las manifestaciones sociales.
El decreto es una respuesta a la orden que en septiembre de 2020 dio la Corte Suprema de Justicia cuando advirtió que la intervención de la fuerza pública durante las manifestaciones es "sistemática, violenta, arbitraria y desproporcionada", al tiempo que exigió al Gobierno adoptar acciones para garantizar el ejercicio del derecho a la protesta pacífica.
Entre esas medidas la Corte ordenó la implementación de un protocolo de acciones preventivas denominado "Estatuto de reacción, uso y verificación de la fuerza legítima del Estado, y protección del derecho a la protesta pacífica ciudadana".
"El protocolo (...) establece directrices para la actuación de las autoridades de Policía en sus funciones de garantía de derechos fundamentales, conservación de la convivencia ciudadana y el orden público en el marco de las manifestaciones públicas y pacíficas", se lee en el decreto firmado por los ministerios del Interior y de Defensa.
Aunque la prioridad del manual es el diálogo y la mediación "como elementos determinantes" de las actuaciones de la Policía, en el protocolo quedó establecido que las autoridades podrán utilizar la fuerza frente a manifestaciones violentas, intervención que "se sujetará a la intensidad y peligrosidad de la amenaza".
"En todo caso el medio elegido por parte de la autoridad de Policía para su aplicación debe ser el que menos lesione e interfiera en la efectividad de los derechos fundamentales de todas las personas", determina el manual.
